Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

Tenemos que enfadarnos mucho más para que los Gobiernos cierren los CIEs

Los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE, son “pequeños Guantánamos” en territorio europeo donde no se respetan los más básicos derechos humanos. Por eso, el responsable del Observatorio del Racismo Institucional (RAIN), Alessandro Forina, cree que la población debe saber los que ocurre allí dentro, debe “enfadarse mucho” y debe exigir a los Gobiernos que cierren estos centros donde se recluye a los extranjeros por el mero hecho de encontrarse sin papeles. Forina participó en una charla organizada este miércoles, 14 de diciembre, por Izquierda Unida de Valladolid dentro del programa de conferencias de actualidad que titulamos “Metíendonos en Jardines”.

Alessandro es italiano y asegura que tanto su país como España y Grecia mantienen los Centros de Internamiento donde peor se trata a los indocumentados ya que son los países por los que entran las pateras que vienen del norte de Europa. Además, España tiene, según sus palabras, el triste mérito de haber iniciado los acuerdos de expulsión y cierre de fronteras con Marruecos, los mismos que han servido de base para forjar el vergonzoso convenio de la Unión Europea con Turquía para expulsar a los refugiados que llegan al país griego. También somos pioneros en las expulsiones en caliente, manifiestamente ilegales y precursoras igualmente de las deportaciones colectivas que ahora practica, también fuera de la legalidad, la Unión Europea.


Trato inhumano

Mientras tanto, los CIEs españoles son testigo del trato inhumano que se dispensa a los extranjeros indocumentados en nuestro país. Alessandro Forina asegura que no hay condiciones de vida humanas en estos centros con falta de higiene, mala alimentación y ausencia de recursos tanto sanitarios como sociales, además de estar gobernados por las fuerzas de la seguridad con nula formación en el manejo de población penitenciaria. Porque eso son los extranjeros internados en los CIEs, reclusos que no pueden abandonar el centro, aunque no hayan cometido ningún delito. Alessandro recordó que la ausencia de documentación sólo puede considerarse una falta administrativa, similar a no haber pagado una multa de tráfico, pero que, sin embargo, faculta al Gobierno español a internar en un CIE hasta dos meses a las personas.

Sin contacto exterior

A esto se une que tienen difícil acceso a la asistencia jurídica, que no pueden avisar a sus familias de su internamiento y que es el paso previo a su expulsión. Tampoco pueden tomar medidas de cara a su expulsión ya que se les comunica en un plazo muy breve y, a veces, son abandonados en aeropuertos de países que no son el suyo propio y donde no tienen ninguna red familiar que los acoja. Según sus palabras, el Gobierno español realiza redadas racistas cuando tiene previsto realizar vuelos de deportación. Buscan personas en función de su color de piel, en la calle, en los locutorios, en las peluquerías, en las bocas de metro, y los separan de familiares y amigos para llevarlos a los CIEs y deportarlos si no cuentan con papeles. Cuando esto ocurre tienen tan sólo 24 horas para presentar sus alegaciones. Dentro del CIE no se les informa de la posibilidad de pedir asilo al que muchos de ellos y ellas tienen derecho, pero que, en nuestro país, no se facilita en absoluto.

No se puede documentar

Aunque, en teoría, los CIEs no son cárceles lo cierto es que las ONG de ayuda a los extranjeros no tienen acceso a estos centros y las que logran tenerlo deben ocultar lo que ocurre allí.

La abogada Rocío Matilla, de Oteando, Observatorio para la defensa de los derechos y las libertades en Castilla y León, acompañó a Alessandro Forina en la charla y recordó la normativa española que impide a las personas indocumentadas trabajar, aunque haya quien les ofrezca trabajo. Por este motivo pidió, junto con Forina, que se acabe con la existencia de “sin papeles” simplemente accediendo a dar documentos a las personas extranjeras. Por su parte, el ponente resaltó la normativa que impone multas de entre 500 y 10.000 euros a los españoles que alojen en su casa a una persona indocumentada, como un intento de amedrentar a quien quiere practicar la solidaridad con los extranjeros.

Pero la conclusión de la conferencia fue que es necesaria cada vez más solidaridad con las personas que vienen a nuestro país en busca de una vida mejor, independientemente de si lo hace huyendo de conflictos o guerras o de la pobreza a la que les abocamos cuando nos apropiamos de sus recursos naturales. Todos deben tener la misma consideración porque al ser personas tienen derechos regulados en tratados y convenios internacionales que, a pesar de haber firmado, los Estados se saltan con la escusa de la seguridad. Por esto también nos pidió Alessandro Forina que nos enfademos y que reivindiquemos en la calle el cumplimiento de las convenciones internacionales que protegen a las personas.

Recrodamos que, frente a esta política represiva, IU ha promovido ante la Unión Europea y ante el Parlamento español iniciativas para el cierre de los CIES por no ser acordes con los más básicos derechos humanos.

Prueba de ello es que España sólo ha acogido la cifra de 700 refugiados procedentes de la Unión Europea cuando se comprometió a acoger hasta 17.000

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