Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

El PP se niega a admitir una moción conjunta de PSOE e IU sobre el aborto en el Pleno de Valladolid

El Partido Popular ha rechazado en la Junta de Portavoces que se reúne los viernes previos al Pleno con los representantes de los Grupos políticos municipales para diseñar el orden del día, la inclusión de una moción conjunta de PSOE e IU en la que ambos grupos proponían instar al Gobierno a mantener en vigor la actual normativa sobre el aborto.Ambas formaciones proponían que el Ayuntamiento instara al Gobierno Central a mantener en vigor la Ley del Aborto sin modificación.

Lamentablemente, a pesar de que la moción se ha presentado y debatido en numerosos ayuntamientos de todo el país, entre ellos Madrid, Elche, Málaga, Badajoz, Rentería, Calahorra, Fuenlabrada, Torrevieja, Arteixo o Lasarte, siendo aprobada en muchos de ellos, así como en la Cámara Foral de Navarra, en el caso de Valladolid ni siquiera habrá debate.

Las concejalas de PSOE, Asunción Barrios, e IU, María Sánchez, que firmaban la moción, expresan su malestar y disgusto por el hecho de que el Partido Popular de Valladolid, una vez más, se convierta en el adalid del veto y la prohibición de un debate que está en la calle, que interesa a la ciudadanía y que ha sido debatido en otros plenos municipales del país, a propuesta de ambas formaciones, incluso en ayuntamientos gobernados por el PP.

En su opinión, el PP de Javier León de la Riva se empeña en convertir al Ayuntamiento de Valladolid en un ente aislado del resto del mundo, al que, al parecer, son ajenas muchas de las preocupaciones de la ciudadanía y de otras entidades locales, desoyendo las propuestas de los Grupos de la Oposición e impidiendo que las expresen públicamente en los Plenos, máximo órgano de debate y decisión municipal.

De la Riva olvida, además, afirman, que el Manifiesto “Decidir nos hace libres”, al que se proponía que el Ayuntamiento se adhiriera, ha sido firmado por asociaciones de mujeres de Valladolid que representan a muchas ciudadanas con los mismos derechos que los de otros puntos de la geografía nacional, y al menos con el derecho a escuchar la opinión sobre este asunto de sus representantes políticos.

Desde su entrada en vigor, la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de Marzo se ha revelado como un eficaz instrumento para garantizar la seguridad jurídica de las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y la de las y los profesionales que intervienen en el proceso. El derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas está enfrentado con el prototipo de feminidad que discrimina a las mujeres y que pretende imponer el Gobierno con esta anunciada reforma.

La moción proponía que el Ayuntamiento se uniera al Manifiesto y que instara al Gobierno a que mantenga en vigor la ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, reforzando las garantías de que las mujeres puedan ejercer su derecho.

Información adicional