Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

IU investigará el “convenio de reversión” de los terrenos de Zambrana que califica de asombroso y gravemente lesivo para el municipio

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha pedido oficialmente a la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León tener acceso al expediente de reversión de los terrenos de Zambrana que fueron objeto de un “convenio de reversión” en 2007 que solo puede calificarse de asombroso y gravemente lesivo para los intereses municipales.

 

Asombroso por cuanto no deja de ser sorprendente que una administración (en este caso la Junta de Castilla y León) adopte decisiones que conciernen gravemente a otra (el Ayuntamiento de Valladolid) sin darle siquiera audiencia en todo el proceso, como al parecer ha sido en este caso. La Junta de Castilla y León decidió que unos terrenos calificados como “sistema general dotacional” por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) desde 1998 hasta hoy no eran necesarios para ninguna función dotacional y podían revertir a sus antiguos propietarios, que fueron expropiados en 1943 precisamente para cumplir una función dotacional (en Colegio Zambrana).

 

Pero también fue un acuerdo gravemente lesivo para el municipio de Valladolid porque como consecuencia del mismo o bien el Ayuntamiento ha de volver a expropiar, por segunda vez, esos mismos terrenos para que vuelvan a ser públicos unos suelos que ya eran públicos; o bien dotarlos de aprovechamiento urbanístico y despedirse definitivamente de ellos. Cuando se están buscando suelos urbanos para desarrollar políticas sociales va a resultar que renunciamos a unos terrenos que ya eran públicos.

 

De hecho la situación es, por lo que sabemos hasta ahora, como sigue. 1º) Se expropian los terrenos de Zambrana en 1943 para construir el colegio del mismo nombre. 2º) En el PGOU de 1998 se decide instalar en parte de esos terrenos el nuevo hospital; y se diseña un nuevo vial para darle acceso. El centro Zambrana queda con una parcela más reducida y el resto de los terrenos se califica para dotaciones públicas. 3º) Los propietarios inician en 1998 la petición de que les reviertan los terrenos que no forman parte del hospital, por considerar que han dejado de responder al objeto que justificó la expropiación. 4º) La Junta de Castilla y León decide, por su cuenta, firmar un convenio de reversión por el que se devuelve la propiedad a los antiguos propietarios. 5º) Éstos piden, al cabo de algo más de tres años, que se les expropie de nuevo o se modifique el PGOU a su favor. 6º) El Ayuntamiento decide (Junta de Gobierno de 19 de abril de 2013) modificar el PGOU para dar edificabilidad lucrativa a los terrenos revertidos, cambiando su uso dotacional público por el de vivienda.

 

Desde el punto de vista de IU no puede admitirse este proceso, que se califica por sus resultados finales. Por un lado nos encontramos con unos antiguos propietarios, que sin haber contribuido en nada al desarrollo de la ciudad en esa zona desde 1943 a 2007, han obtenido unas inmensas plusvalías, que oscilarían entre los 17 millones en que se han valorado oficialmente esos suelos y los más de 90 en que los estiman ellos mismos (de cara a una nueva expropiación). Es decir: exactamente lo contrario de lo que pretende la legislación urbanística.

 

Por otro lado tenemos a una administración que no ha sabido (lo que sería una inadmisible torpeza), o que quizá ni siquiera ha intentado (lo que sería dejadez de funciones) defender los bienes públicos como corresponde. No lo ha hecho la administración regional, que ha transformado radicalmente las condiciones del PGOU en la zona, al transformar unos suelos dotacionales públicos en privados. Y tampoco el Ayuntamiento, que ni se ha enterado a tiempo del desaguisado ni ha sabido responder adecuadamente cuando ha tenido noticia, defendiendo el carácter público de esa parcela.

 

En el Pleno de presupuestos (de enero de 2013) ya anunció IU que defendería los intereses públicos con decisión en este caso. Pensamos que estamos obligados a llegar hasta el final, sin admitir un resultado tan lesivo para los intereses públicos, tan injustificado y contrario a derecho. De ahí que hayamos pedido la consulta del expediente, para responder, entre otras muchas cuestiones, al menos a las siguientes: ¿Qué estudios urbanísticos se hicieron para decidir que tales suelos no eran necesarios como dotacionales públicos? ¿Por qué no se consultó con el Ayuntamiento, a pesar de que le implicaba directamente? ¿Qué posibilidades hay de recomponer la situación en justicia? ¿Cómo se ha hecho la valoración de esos suelos, en la que ni siquiera parecen haberse tenido en cuenta las cargas de viales y cesiones, que cualquier desarrollo de esa naturaleza implicaría?

 

Manuel Saravia

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