Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

IU propondrá la modificación de la Ley del derecho a la vivienda de Castilla y León conforme al decreto andaluz sobre desahucios y viviendas vacías

Grupo municipalEl Grupo Municipal de Izquierda Unida presentará una nueva moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Valladolid que incluirá un texto para la modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto (Boletín del día 7 de septiembre), “del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León”. La nueva redacción de la citada Ley que se proponga recogerá los principales aspectos del decreto-ley 6/2013 de la Junta de Andalucía, de 9 de abril (Boletín del día 11), “de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda”, también conocido como “decreto andaluz contra los desahucios”.

 

1. NECESIDAD DE VOLVER A PLANTEAR MEDIDAS SOBRE LA VIVIENDA

 

A pesar de haberse tratado el tema de la vivienda en este Ayuntamiento en varias ocasiones durante los últimos dos años, es necesario volver sobre él una vez más. Pues las circunstancias han cambiado muy significativamente desde el 5 de marzo (de 2013), en que IU llevó al Pleno una propuesta para garantizar el derecho a la vivienda. Por de pronto se ha producido un hecho muy notable que cambia sustancialmente el panorama político y social en esta materia, como es el decreto sobre la función social de la vivienda, antes citado, que fue aprobado por el gobierno andaluz el pasado 11 de abril, impulsado por la Consejería de Fomento y Vivienda (dirigida por Elena Cortés, de IU), que ha supuesto una sacudida en los ámbitos social, político y legal de la vivienda y que no puede pasar desapercibido.

 

Su aprobación se produjo unos pocos días antes de que el Pleno del Congreso aprobara (el 18 de abril) la Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social, con los únicos votos del Partido Popular; y que suponía el rechazo de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular), promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y avalada por un millón y medio de firmas. Una ley que entrará en vigor, presumiblemente, dentro de dos meses; pero que nace absolutamente desbordada por la realidad social y que deja fuera a miles de personas afectadas.

 

Pero no ha sido el único hecho relevante de estas últimas semanas en esta materia. Pues un mes antes, el 14 de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se había pronunciado sobre los desahucios en España, considerando que la ley hipotecaria vigente es abusiva e ilegal de acuerdo con lo que establece la Directiva 93/13/CEE del Consejo Europeo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En su aplicación ya algunas audiencias judiciales, como la provincial de Burgos, han dictado resoluciones que impiden la celebración de ningún lanzamiento hipotecario sin la revisión previa de un juez.

 

Estamos, pues, en un momento crítico en el que hay que tomar partido. El impacto del decreto andaluz ha sido enorme, tanto desde el punto de vista social como desde consideraciones legales, económicas y políticas. Ha creado expectativas y esperanzas en muy diversos ámbitos. La PAH considera la medida “muy adecuada y creemos que ha tardado la Administración Pública en tener este tipo de respuestas”. El Consejo General del Poder Judicial lo considera “positivo”. Algunos grupos del 15M han visto en él “un primer paso”. Se han realizado propuestas en línea similar a la definida por el decreto por parte de los gobiernos autónomos de Cataluña (con un nuevo impuesto a las viviendas vacías de bancos y promotores inmobiliarios en los municipios donde haya una demanda de alquiler social) o Canarias (con una aplicación calcada del decreto andaluz). En Navarra los grupos de la oposición han impulsado en el Parlamento foral una ley de medidas urgentes basada también en esa misma norma (a la que sólo se oponen UPN y PP, por lo que presumiblemente se aprobará).

 

En las Cortes de Castilla y León el portavoz del Grupo Mixto, José María González (de IU) pidió en una pregunta el pasado 16 de abril aplicar también en esta Comunidad el modelo antidesahucios aplicado en Andalucía. El presidente, Juan Vicente Herrera, lo rechazó, limitándose a seguir aplicando la “mediación preventiva” entre familias y bancos antes del desahucio, por medio del servicio puesto en marcha hace cinco meses. Una medida insuficiente frente a una situación que sigue siendo gravísima.

 

En Valladolid se ejecutan diariamente una media de dos desahucios diarios. Y el Ayuntamiento se ha limitado también únicamente a poner en marcha una oficina de "asistencia a las familias" en riesgo de sufrir desahucios, coordinada con la Junta de Castilla y León. Pero ha rechazado hasta ahora todas las propuestas que se han planteado desde la oposición, tanto de carácter legislativo como de negociación con los bancos para formar un parque público de alquiler social con el que se pudiera mantener a las familias en riesgo de desahucio en su vivienda. La moción presentada por IU en el Pleno del pasado 6 de noviembre de 2012, por ejemplo, se despachó con la excusa de que “ese mismo martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado una reunión entre PP y PSOE para buscar un pacto con medidas que evitasen los desahucios”: un argumento completamente inadecuado, como el tiempo ha puesto ruiodosamente de manifiesto.

 

2. SIGNIFICADO DEL DECRETO ANDALUZ

 

Según ha comentado la Consejera andaluza, Elena Cortés, “sin movilización social el decreto no habría salido”. Pues resuena de forma evidente en estas medidas la voz de la calle. Se sabe que no pondrán fin al problema por completo, pero serán indiscutiblemente útiles para aliviar las situaciones más dramáticas. Es, además, una norma en la que resuenan ecos de la legislación existente sobre esta misma materia (poner en uso las viviendas vacías, mediante intervención administrativa) de numerosos países europeos, donde se aplican medidas de este tipo e incluso mucho más contundentes (no ya de expropiación temporal, sino incluso requisa), como Alemania, Dinamarca, Suecia, Francia, Gran Bretaña, etc.

 

La norma arranca de una situación extraordinariamente singular en el contexto europeo. Pues el modelo hipotecario español expulsa y excluye a una parte importante de la población, cuando las entidades bancarias han estado concediendo préstamos a sabiendas, en ocasiones, de que no iban a poder devolverse. Personas que no ganan en toda su vida laboral 200.000 euros es evidente que no iban a poder abonar 200.000 euros de hipoteca. Además, el procedimiento de ejecución hipotecaria no permite entrar en el fondo del contrato cuando el problema fundamental es que hay una desigualdad entre las partes, ya que la persona pierde la vivienda pero a la vez contrae una deuda con la entidad bancaria. De manera que puede darse la paradoja de perder la vivienda y a la vez tener una deuda mayor que la contraída en la hipoteca inicial. Estas cláusulas solamente están vigentes en nuestro país. Incluso en países como Alemania y Austria se han puesto en marcha parque públicos de vivienda de alquiler social con los excedentes.

 

En este contexto, la sentencia citada del Tribunal de Justicia Europeo ha supuesto un antes y un después, fundamentalmente por tres motivos: 1º) Deja claro que la hipoteca es un contrato de adhesión y que no hay igualdad entre las partes. 2º) Confirma que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental que no se ve cubierto en nuestro país porque se carece de alquileres sociales. 3º) Permite a los jueces tomar como medida cautelar la paralización de un proceso de ejecución hipotecaria (desahucio) si observa o tiene indicios de que existen cláusulas abusivas en el contrato hipotecario que originó ese impago.

 

El decreto-ley impulsado por la Consejería de Fomento y Vivienda de Andalucía da un paso hacia adelante. Pues se trata de la primera legislación española que afirma que la vivienda es un derecho social y define qué es una vivienda vacía y cómo actuar sobre ella. Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitabilidad, y la nueva regulación establece la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento de control, al tiempo que dispondrá un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Junta en este ámbito. Por primera vez se cierra la puerta a las interpretaciones que han hecho diferentes gobiernos basadas en la consideración de la vivienda como un bien especulativo.

 

Posibilita, además, imponer sanciones a los propietarios de viviendas vacías (de acuerdo con el precedente de Euskadi, de los tiempos en que la Consejería de Vivienda estuvo en manos de IU). Enmarca y sienta las bases para el acceso a un alquiler social; y abre la puerta a la expropiación de los pisos vacíos de propiedad de entidades bancarias. La nueva norma incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su reserva residencial.

 

La formulación técnica se ajusta a una norma básica estatal, la vieja Ley de Expropiación Forzosa de 1954, largamente utilizada por todas las administraciones desde esa fecha hasta hoy con múltiples finalidades, como la de nuevos trazados de carreteras, por ejemplo. Respecto a la expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2% del justiprecio (que es lo previsto en la citada Ley de Expropiaciones). Supone un balón de oxígeno a la hora de forzar y negociar con las entidades bancarias de igual a igual, actuando la Administración Pública como intermediaria con el objetivo de defender a las personas afectadas.

 

3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE CASTILLA Y LEÓN

 

Con ese precedente y modelo, el Grupo Municipal de IU en Valladolid planteará instar de nuevo a la Junta de Castilla y León a que haga suya la técnica aprobada en Andalucía para actuar de forma decidida y eficaz frente a los desahucios. Se le pedirá, por tanto, que modifique le Ley 9/2010, de 30 de agosto, “del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León”, de forma semejante a como se ha modificado con el decreto de la Junta de Andalucía reiterado la Ley 1/2010, de 8 de marzo, “Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía”. Se planteará, en consecuencia, una nueva definición del “objeto de la Ley” (modificando el título preliminar de la Ley 9/2010); se propondrán modificaciones del título primero en la regulación de las ayudas públicas y otras medidas de fomento, de impulso y de incentivo; y en el capítulo que alude a la planificación en el título I (“Competencias y planificación”).

 

Y se propondrá añadir, como lo hace se hace en la legislación andaluza modificada, dos nuevos títulos. Uno, que sería el título IX, sobre “los instrumentos administrativos para evitar la existencia de viviendas deshabitadas”, que debería incluir la nueva regulación pormenorizada de viviendas vacías y el procedimiento para su declaración, así como las normas sobre el Registro de viviendas deshabitadas y las actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas vacías. Y un segundo nuevo título, que sería el X, referido al ejercicio de inspección y de la potestad sancionadora relativa al régimen de viviendas deshabitadas antes señalado. Con el conjunto de modificaciones propuestas la Ley del derecho a la vivienda estaría más cerca de atender realmente a lo que dice pretender su denominación, a cumplir ese derecho universal a la vivienda.

 

Grupo Municipal de Izquierda Unida

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