Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

IU solicitará en la Comisión de Hacienda los datos relativos a la contratación del Ayuntamiento con pymes

Ayer, la Confederación Vallisoletana de Empresarios denunció en prensa que, desde hace aproximadamente cuatro años, en los procesos de contratación se deja fuera a muchas pequeñas y medianas empresas que hasta el momento habían venido obteniendo contratos con las administraciones públicas. Según su denuncia, ello está generando la concentración de contratos en manos de “no más de una docena de grandes empresas”. Por ello, Izquierda Unida solicitará los datos relativos a contratación para saber si esta tendencia también afecta a nuestro Ayuntamiento. En algunos ámbitos, la concentración de servicios municipales que gestionan grandes empresas es más que evidente.


Existen grandes grupos empresariales que, aprovechando el ahorro de costes que se pueden permitir por su gran tamaño, ofertan servicios a muy bajo coste a ayuntamientos como el de Valladolid y otros muchos. Estas ofertas a bajo coste suelen realizarse a costa de salarios bajos para las personas que emplean y de falta de especialización en el servicio que prestan. En buena medida, porque además se trata de empresas que ofrecen desde servicios de jardinería a servicios de ayuda a domicilio, copando así la gestión de servicios públicos fundamentales, sin garantizar en muchos casos una mejor prestación del servicio.

Izquierda Unida ha hecho hincapié en la introducción de dos criterios fundamentales a la hora de realizar la contratación pública con diversas empresas:

· En primer lugar, que se debe pensar dos veces si dicha externalización de servicios es imprescindible. Muchas tareas podrían ser llevadas a cabo por el propio personal municipal con la misma o más profesionalidad y a la vez evitando un coste extra para las arcas municipales. Así, por ejemplo, lo hemos denunciado reiteradamente con la redacción del nuevo PGOU, que supone casi un millón de euros al Ayuntamiento por un trabajo que podría hacer el personal municipal del Área de Urbanismo.

· En segundo lugar, que debe primarse lo cualitativo a la hora de contratar servicios que repercuten en la ciudadanía. Primar la oferta más económica supone renunciar a influir, desde la administración pública en el impulso de determinados fines de interés general. Así, por ejemplo, IU ha propuesto en múltiples ocasiones que en los contratos se incluyan cláusulas para garantizar la dignidad laboral de las personas empleadas (evitando subcontrataciones, penalizando la contratación temporal, etc.), para potenciar la contratación de colectivos en riesgo de exclusión social, para favorecer las prácticas medioambientalmente responsables, etc. Se ha sabido recientemente que el equipo de gobierno está estudiando esta cuestión.

En contra de lo que argumenta la CVE, IU considera que es obligación de los poderes públicos intervenir en la economía. Pero esa intervención debe favorecer precisamente un desarrollo local endógeno, que fomente la contratación con empresas de menos tamaño y de ámbito local y a ser posible que cumplan ciertas exigencias de compromiso con la calidad del empleo, con el medio ambiente y con la justicia social. Las prácticas de las administraciones que favorecen la concentración de contratos en unas pocas grandes empresas no se pueden considerar intervención pública en la economía, sino utilización de los poderes públicos para favorecer intereses privados concretos.

María Sánchez

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