Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

IU pide reconsiderar la política de alojamientos provisionales del Ayuntamiento ante el escándalo de que el 25% de ellos esté vacío

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha solicitado hoy a la Concejala de Bienestar Social, Rosa Hernández, la convocatoria de una comisión especial de Acción Social para reconsiderar la política municipal respecto a los alojamientos provisionales que posee el Ayuntamiento. Una comisión en la que estarían presentes, según se ha pedido, los responsables políticos del Área, así como técnicos y representantes de los grupos políticos de la oposición. Y que contaría con la opinión de las organizaciones sociales que están implicadas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

 

La última convocatoria de alojamientos provisionales se aprobó por la Junta de Gobierno el pasado mes de marzo, y publicado en el BOP del pasado 27 del mismo mes. En estos momentos está abierto el plazo para solicitarlos. No obstante, las declaraciones de la Concejala en el último Pleno municipal, así como las informaciones que ha ido conociendo el Grupo Municipal de IU en estos días de personas afectadas, obligan a reestudiar las pautas que rigen el funcionamiento de este recurso de acción social. Máxime cuando en la ciudad se están llevando a cabo un importante número de desahucios (las asociaciones anti-desahucios atienden a más de un centenar de casos), ha aumentado el desempleo y la pobreza, hay gente en la calle y se sabe que en torno a 2000 personas y familias, al menos, residen en habitaciones alquiladas de otras viviendas. Viendo ese contexto, no es admisible decir, sin más, que hay 14 alojamientos provisionales desocupados (el 25% de los 55 existentes). Algo se está haciendo mal desde el Ayuntamiento de Valladolid.

 

IU entiende que debe reconsiderarse el funcionamiento de asignación, control, ocupación y desocupación de estos alojamientos, al menos en los siguientes aspectos:

1º. Debe reconsiderarse el baremo aplicable. Pues no debe llegarse a que haya familias no puedan acceder a este tipo de viviendas por los recursos que se exigen, por ejemplo. Y tampoco parece tener sentido que si algún miembro de la familia ha trabajado de 1 a 3 meses en los últimos dos años reciba 1 punto; y si ha trabajado más de 18 meses reciba 5 puntos (se exigen 10 puntos para poder acceder).

2º. Deben reconsiderarse las causas de expulsión. No parece razonable que el hecho de no haber abonado los recibos de la comunidad, o los suministros (agua, luz) o los gastos de reparación, por ejemplo, sean causas de expulsión. La pérdida de los recursos de que se disponía en principio no puede ser causa de expulsión.

3º. Debe incrementarse notablemente la difusión y facilitar un mayor conocimiento de este recurso. Concretamente, debería aumentarse su promoción desde los Centros de Acción Social (Ceas), así como reforzar el trabajo de los equipos de acompañamiento.

4º. Es necesario reducir el trabajo burocrático en los Ceas para permitir que los técnicos municipales puedan participar más activamente en este servicio.

5º. Debe atenderse igualmente al periodo de estancia, pues el Ayuntamiento no debe desembarazarse de los residentes por la aplicación fría de un baremo. Es necesario estudiar caso por caso y ver las circunstancias de cada familia antes de tomar cualquier decisión de expulsión.

 

Alberto Bustos 

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