Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

Izquierda Unida denuncia que la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio desciende a niveles anteriores a la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en el año 2006.

 El Grupo Municipal solicitará en la próxima reunión de la Comisión de  Cultura, Bienestar Social y Participación Ciudadana que el Ayuntamiento de Valladolid comprometa la financiación necesaria para asegurar un adecuado servicio a más de 3000 personas mayores y dependientes.

 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid trasladará a la Comisión de Cultura, Bienestar Social y Participación Ciudadana, su preocupación por la caída que está sufriendo el número de horas de prestación del servicio de ayuda a domicilio que reciben 3100 personas mayores y personas dependientes. La paulatina reducción que el Ayuntamiento de Valladolid ha aplicado al presupuesto de acción social, está provocando que este servicio fundamental, haya llegado a unos límites, anteriores a la aplicación de la Ley de Dependencia en el año 2006.

 

Las acciones que se ponen en marcha desde el servicio de Ayuda a Domicilio son de una gran importancia a la hora facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro y contribuir a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida. Es evidente que, cuanto mayor sea la dependencia y más importantes las limitaciones de las personas que requieren el servicio, los riesgos provocados por  la disminución de horas en el servicio que reciben, van creciendo hasta poder provocar situaciones muy graves.

Si tomamos como referencia el momento de auge en la prestación de Ayuda a Domicio, en el año 2009, nos  encontramos con que el número de horas de servicio se ha visto reducida en más del 30%, a comienzos de 2013. Estos datos son especialmente relevantes si tenemos en cuenta que en Valladolid ha aumentado el número de personas mayores y dependientes lo que supone que las necesidades han crecido mientras el servicio se ha visto drásticamente reducido.

 

Es importante destacar, igualmente, que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia ha llevado acarreadas una serie de perjuicios que ahora se ven, aún más acentuados. La aplicación de la Ley está implicando un conjunto de actuaciones burocráticas que complican especialmente la aplicación efectiva del derecho, limitan la eficacia de las acciones y perjudican a otros servicios de la acción social, como consecuencia de la obligación que tienen las trabajadoras y trabadores sociales de desarrollar un sinfín de tareas “de despacho”.

La burocratización de la acción social está haciendo que los y las trabajadores/as sociales no puedan destinar el tiempo necesario al “trabajo directo” en los barrios, en la calle, con las familias y con las personas; adquiriendo así una visión integral de todas las circunstancias sobre las que deben intervenir.  Todo ello, a juicio de Izquierda Unida, aleja, al Ayuntamiento de Valladolid, de desarrollar unos servicios sociales que  promuevan el desarrollo comunitario mientras le acerca, peligrosamente, a servicios basados en la caridad y la beneficencia que, además, no cubren las necesidades básicas, como ocurre en el caso de la ayuda a domicilio.

Alberto Bustos García   

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