Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

El Grupo Municipal de IU pide un informe sobre la aplicación de la nueva ordenanza “antivandálica” en el primer año de vigencia

 El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha solicitado al presidente-delegado de la Comisión de Presidencia, Seguridad, Movilidad y Desarrollo Sostenible, Manuel Sánchez Fernández, la elaboración de un informe y posterior presentación a la Comisión, sobre la aplicación de la ordenanza denominada como “de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actividades Antisociales”, más conocida como “antivandálica” o “antisocial”, que el pasado 6 de marzo cumplió un año de vigencia.

 

Es una práctica frecuente de buena administración evaluar los resultados, cada cierto tiempo, de las normas aprobadas; y conocer así hasta qué punto han podido contribuir al cumplimiento de los fines que las motivaron y advertir igualmente de los posibles errores o efectos nocivos que hayan podido generar. El transcurso de un año es un periodo más que suficiente para esa primera evaluación de carácter técnico que ahora IU solicita.

 

Es cierto que se dispone de las informaciones que se contienen en la Memoria de la Policía Municipal (aunque aún no se ha publicado la de 2012), y también de algunos datos publicados en la prensa sobre alguno de los puntos más controvertidos de la nueva ordenanza, como es el que se refiere a las multas a mendigos. Pero se trata únicamente de datos, y sólo sobre algunos aspectos parciales. Es necesario conocer la información completa y su evaluación técnica, a partir de la cual se podrán valorar políticamente el impacto de la nueva norma.

 

Debe recordarse, por otra parte, que IU presentó, con otras 26 organizaciones y colectivos agrupados en la “Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades”,un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justiciade Castilla y León (TSJCyL), por entender que algunos de los artículos aprobados eran inconstitucionales y chocaban no sólo con el ordenamiento jurídico vigente, sino incluso con principios democráticoselementales, regulando materias sobre las que el Ayuntamiento no tiene capacidad legal de actuar y vulnerando derechos fundamentales de las personas. Con la norma aprobada hace un año se ataca el ejerciciode la libertad de expresión, el derecho de reunión y manifestación y sobre todo se criminaliza la pobreza. Cabe recordar también que la ordenanza que el nuevo texto modificaba ya fue objeto de una sentencia del TSJCyL del 5 de diciembre de 2006 que ordenó la modificación o supresión de varios artículos por ser contrarios a derecho.

 

Manuel Saravia

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