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Valladolid Toma la Palabra defiende una política fiscal más redistributiva, justa y social

* La propuesta de subida del IAE y el IBI afectaría únicamente a las grandes empresas y los propietarios de inmuebles no residenciales de muy elevado valor.

* El IBI en Valladolid cuenta con unos tipos llamativamente bajos, muy inferiores a los de otras grandes ciudades.

* Los incrementos se asocian a una revisión de las bonificaciones y exenciones, lo que permitirá aliviar la presión fiscal a familias sin recursos, numerosas, con personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social.

Ante la aparición en medios de comunicación de la intención del Ayuntamiento de subir el IAE y el IBI a las grandes empresas el grupo municipal de Valladolid Toma la Palabra, en el que se integra Izquierda Unida, quiere hacer una serie de precisiones.

En primer lugar, la información aparecida se corresponde con una propuesta de trabajo del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento cuya viabilidad e impacto están siendo estudiados por el personal técnico del Área de Hacienda. No hay ninguna decisión tomada al respecto, y el trámite de modificación de las ordenanzas fiscales de 2017, que necesariamente pasará por los correspondientes debates y contrastes de propuestas tanto en la Comisión de Hacienda como en el Pleno del Ayuntamiento, no ha comenzado aún. Las distintas propuestas de los grupos municipales han sido debatidas durante múltiples sesiones en el Grupo de Trabajo de Progresividad de los Tributos Locales desde el mes de mayo. Todos los grupos han expuesto propuestas y muchas de ellas han sido comprendidas y asumidas por el resto.

En segundo lugar, las propuestas que está estudiando el Equipo de Gobierno tienen el objetivo fundamental de abordar la progresividad de los impuestos municipales, de manera que  mejoren como mecanismo efectivo de redistribución de la riqueza y la lucha contra la desigualdad social. Más allá de suponer la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento, las ordenanzas fiscales y las políticas de bonificaciones y exenciones pueden y deben diseñarse como herramientas de impulso para la generación de empleo, el acceso a la vivienda, la lucha contra la exclusión social y la eficiencia medioambiental. El fin último de los impuestos no es recaudar, sino mejorar los servicios públicos y la vida de la gente.

En ese sentido, la propuesta de incremento del IAE, que equipararía a Valladolid con ciudades como Zaragoza, se limitaría a aquellas empresas que facturen más de un millón de euros anuales y vendría acompañada de bonificaciones para el fomento del empleo para aquellas empresas que cumplan ciertos criterios de estabilidad laboral en su plantilla, volumen de negocio y localización del empleo.

Por su parte, el incremento propuesto para el IBI afectaría solamente a los usos de suelo no residenciales (viviendas). La ley fija un tipo máximo del 1,3% y un mínimo del 0,61%, mientras que el actual en Valladolid es del 0,68%, muy por debajo de la media en España. A modo de comparativa con otras grandes ciudades, cabe destacar que Barcelona impone en la actualidad un 1%, Zaragoza un 0,87% y Madrid tipos no homogéneos, pero mayoritariamente por encima del 1,1%, como puede comprobarse en los datos que publica la Dirección General del Catastro. Las subidas en estas ciudades respecto a 2015 han sido de entre el 30% y el 100%, muy superiores a la horquilla de entre el 7% y el 10% que está siendo estudiada para Valladolid.

Además, el incremento del tipo se aplicaría exclusivamente al 10% de los bienes inmuebles de mayor valor catastral con el objetivo de redistribuir de forma más equitativa la carga tributaria, de manera que paguen más quienes más tienen, en claro contraste con la política recaudatoria ilegítima e injusta que suponía la ya extinta tasa de basuras. Estas modificaciones repercutirían en una mayor equidad social y en la mejora de los servicios públicos, y se acompañarían de una concienzuda revisión de las bonificaciones y exenciones a las familias numerosas, con miembros con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las viviendas de protección oficial o a aquellas que instalen sistemas de aprovechamiento de energías renovables.

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