Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

IU exige al Ayuntamiento que revise los cálculos del expediente de ruina del San Juan de la Cruz porque está en juego 1 millón de euros que debería abonar la Seguridad Social al municipio

El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a la vista del expediente de ruina del antiguo colegio San Juan de la Cruz, presentará mañana un recurso de reposición frente al acuerdo de declaración de ruina que aprobó la Junta de Gobierno municipal del viernes último. En tal recurso se pedirá que se revisen pormenorizadamente los cálculos efectuados (muy discutibles), ya que se encuentra en juego más de 1 millón de euros que, en su caso, debería abonar la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) al Ayuntamiento. En efecto, del desarrollo del expediente se desprende los siguiente:

 

1º. Se desautoriza por completo el proceder de la TGSS, no asumiendo en absoluto ni su forma de plantear la cuestión, ni la metodología que emplea, ni la definición de las obras necesarias, ni la valoración del edificio. Por todo lo cual IU considera que la TGSS está actuando en este caso con una clara intención de falsear los hechos, ante un Ayuntamiento que mira para otro lado por intereses políticos (para salvar el acuerdo que firmó con la TGSS). Aunque no lo diga expresamente, en el informe técnico municipal se aceptan de hecho algunas alegaciones planteadas por IU. Y desde luego no se desmiente la voluntad clara de la TGSS de demoler sin construir nada.

 

2º. Las valoraciones que se hacen en el expediente llevan a una solución por los pelos. Nuevamente la puntería municipal en las valoraciones es llamativa. De tal forma que se obtiene lo que pretenden desde el primer momento, y de forma sorprendentemente ajustada. En este caso se obtiene un valor de las obras necesarias para mantener el edificio en condiciones de seguridad, salubridad y ornato que suponen el 56% del valor que se calcula que costaría el edificio si se construyese de nuevo, cuando el límite para que no constituyese ruina está en el 50%. Bastaría únicamente con que, al efectuar esos ajustes, se rebajasen 87.831,4 euros en el cómputo total de las obras necesarias, para que el edificio no estuviese en ruina, incluso admitiendo (que ya es admitir) todo lo demás. Porque las partidas en que puede ser inferior el coste son numerosas. Una cantidad que puede muy bien alcanzarse si, para empezar, se revisan en condiciones las obras previstas en instalaciones, carpintería, cerrajería y acabados.

 

3º. Por ello IU considera que deberían concretarse mucho más cuáles son esas supuestas obras necesarias. Porque cuando se dice que “se estiman actuaciones de reparación en un 30% de las vigas”, debe concretarse. Es una medida grosera que podría valer si el resultado fuese también por amplio margen. Pero al no serlo debe concretarse. Tanto esa medida como todas las demás.

 

 

4º. Está en juego un millón de euros que le podrían estar hurtando desde la TGSS a las arcas públicas municipales. Pues si el edificio no está en ruina, en las valoraciones que se hicieron para la permuta, donde las diferencias que se dieron entre este suelo y el de Valle de Arán eran mínimas (de nuevo hizo acto de presencia la puntería municipal), ahora habría que considerar también el valor de la construcción. Que sería, según los nuevos cálculos del expediente de ruina, superior al millón de euros. Pues a los 2,35 millones del valor de reposición habría que restar el coste de las obras necesarias: quedaría un valor resultante, repetimos, superior al millón de euros.

 

5º. Es absolutamente inadmisible el comportamiento que están teniendo ambas administraciones en este inmueble. Ofreciendo una imagen de pésimos propietarios de edificios, manteniéndolo en total abandono, dejándolo arruinar y promoviendo de hecho su ruina (si no se reparan las goteras o se corrigen otras humedades, ¿cuánto tiempo tardará en alcanzar la ruina real?). Y dando a entender que ante la duda lo mejor es cortar por lo sano y cargarse el edificio. Un ejemplo realmente negro de actuación con el patrimonio edificado. A pesar de que está en juego el buen hacer de la administración pública ni el Ayuntamiento ni la TGSS mueven un solo pelo ante acusaciones tan graves como el intento fraudulento de falsear las valoraciones. Para salvar una posición política, el acuerdo firmado en 2013, el Ayuntamiento actúa irresponsablemente, beneficiando a otras administraciones y renunciando al más que posible cobro de un millón de euros para la ciudad.

 

Manuel Saravia,

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