Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

IU pide al Ayuntamiento que revise sus relaciones con la empresa Tragsa ante su comportamiento con los trabajadores

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha pedido oficialmente al Ayuntamiento que revise sus relaciones con la empresa Tragsa (“Transformación Agraria SA”), al objeto de garantizar al máximo el mantenimiento de los puestos de trabajo. Pide que desde la alcaldía se pongan en contacto con la dirección de la empresa pública, se interesen por la situación y les hagan saber que el Ayuntamiento no es indiferente al trato que las empresas con las que contrata ofrecen a sus trabajadores, considerándolo uno de los asuntos críticos a tener en cuenta.

 

 

Tragsa es una empresa estatal (con filiales como Tragsatec) a la que el Ayuntamiento viene contratando desde hace años numerosos trabajos. Por ejemplo, las obras del Parque de las Contiendas, por 4,2 millones de euros; la rehabilitación de los paseos del Campo Grande, por 761.000 euros, o la más reciente (de este mismo mes de agosto), la encomienda de trabajos de desbroce y limpieza de cunetas y arcenes del municipio, por 50.000 euros. De hecho se llegó a firmar el 31 de enero de 2008 un convenio “de colaboración y cooperación” entre el Ayuntamiento y Tragsa para “regular el régimen jurídico, económico y administrativo de Tragsa y sus filiales en sus relaciones con el Ayuntamiento de Valladolid”, que se ha actualizado posteriormente y sigue vigente.

 

En octubre de 2013 Tragsa presentó un ERE, el mayor de una empresa pública (anulado en abril de 2014 por la Audiencia Nacional, recurrido ante el Supremo), y anunció entonces su intención de despedir a 1.336 trabajadores (de un total de 9.848), que Castilla y León afecta a más de 200 personas. El pasado año tuvo pérdidas por valor de 18,5 millones. Pero ni los despidos ni las pérdidas han conmovido a sus directivos, que en el mismo 2013 repartió entre sus directivos bonus por valor de 4 millones de euros y que en las últimas semanas han aprobado nuevos pluses que supondrán hasta 50.400 euros por directivo y año.

 

No puede ser. El Ayuntamiento no puede mantener contratos con empresas que tienen ese comportamiento laboral. Y en consecuencia IU reclama la revisión del convenio.

 

Manuel Saravia

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