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El portavoz de IU declara en el Juzgado en relación con la denuncia por la negativa del alcalde a facilitar el acceso al proyecto del ascensor de la catedral

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Manuel Saravia, ha declarado hoy en el Juzgado de Instrucción nº 1, en relación con la denuncia ante la Fiscalía por la negativa del alcalde a facilitar el acceso al proyecto del ascensor de la catedral. El juez se ha interesado por el funcionamiento de las solicitudes de información, y ha preguntado por qué en este caso concreto se ha acudido a la Fiscalía, respondiendo el concejal que por la, a su juicio, intención flagrante de negar el acceso a un documento al que estaba obligado, por impedir conscientemente (a sabiendas) el acceso a la información facilitada.

 

Por considerarlos relevantes para la investigación, IU ha aportado al Juzgado dos documentos. Uno en el que se relacionan una serie de hechos (algunos anteriores y otros posteriores a la denuncia) en los que ya se impidió el acceso a la información. Otro, una carta del propio portavoz al alcalde, de fecha18 de abril de 2013, en la que se refería al “proyecto del ascensor de la catedral”, y la respuesta del alcalde (del 25 del mismo mes) en la que acusaba recibo refiriéndose al “proyecto de rehabilitación de las torres de la Catedral”. Por tanto, cuando se pidió el acceso al “proyecto de instalación del ascensor de la torre de la catedral” el pasado 11 de abril de 2014, el alcalde sabía perfectamente de qué se trataba, y no podía contestar como lo hizo (diciendo que “no existe ningún expediente” con esa denominación).

 

 

IU considera que las dificultades que pone el equipo de gobierno para el acceso a la información son innegables. Y sin embargo, si no tuviera nada que ocultar debería actuar exactamente al revés. Facilitando al máximo el acceso a datos y documentos. Frente a la opacidad del Ayuntamiento, en IU hemos hecho algunas actuaciones de información pública que ha molestado sobremanera al equipo de gobierno. Y lo hemos hecho porque se trata de un asunto muy relevante para la vida de la población. No facilitan información e impiden que lo hagamos los demás.

 

(Se adjuntan los documentos presentados en el Juzgado: uno en el que se incluyen otros casos de desinformación; otros dos con el inicio de las cartas referidas).

 

 

Manuel Saravia

 

Adjuntamos el escrito al Juzgado

 

 

 

 

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1

 

 

 

Manuel Saravia Madrigal, con DNI nº 12.212.842.A, con domicilio a efectos de notificación en Plaza Mayor 1, 47001, Valladolid, tlfno. 983-426124 y 659975636, y e-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , en representación del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid, del que es Portavoz.

 

Ya circunstanciado en el PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0002691/2014,y habiendo sido citado a declarar como testigo en el día de hoy, 19 de junio de 2014, ante ese Juzgado

 

Comparezco y como mejor proceda en Derecho, aporto la siguiente documentación como complemento al escrito del pasado 23/05/14, por si resulta de interés para el procedimiento, ya que los ejemplos citados suponen otros casos de obstrucción al acceso a la información necesaria para poder llevar a cabo el trabajo propio de los concejales del Grupo.

 

En concreto (y entre otros posibles ejemplos):

 

1. Negativa a permitir el acceso al documento sobre “derechos adquiridos” que forma parte de la documentación previa de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).Se ha pedido en reiteradas ocasiones acceso al informe sobre los “derechos adquiridos” de los propietarios y promotores de suelo urbanizable de Valladolid, denominado “Informe previo al documento de aprobación inicial de la Revisión del PGOU de Valladolid sobre las áreas homogéneas”, que se cita reiteradamente en la pieza separada nº 1 del expdte. 67/12, de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Es, por tanto, un antecedente que forma parte de la información a que deben tener acceso los concejales. Es básico para poder evaluar las posibles indemnizaciones que habría que afrontar en el caso de que se suprimiesen suelos urbanizables que estaban previstos en el actual PGOU. A pesar de que se ha reclamado en numerosas ocasiones, nunca se ha dado acceso al citado documento, que era esencial para poder analizar las distintas alternativas que se planteaban en el Avance de planeamiento que se aprobó en 2012.

 

(Documentos que podrían aportarse: Carta del 22 de julio de 2013 a la alcaldesa accidental, Mercedes Cantalapiedra; y Actas del Consejo de Gerencia en que volvió a reclamarse). El alcalde respondió más tarde diciendo que “La revisión del PGOU genera un importante flujo de información, entre ella la referida a derechos adquiridos. (…) pero ello no hace nacer el derecho de acceso a tales fuente del conocimiento en virtud del principio de trasparencia, sino solo a su resultado, que se formalizará en los documentos referidos”. Es obvio que sin el informe técnico sobre los derechos adquiridos mal puede evaluarse la pertinencia de ese “resultado”.

 

2. Negativa a informar sobre el número de inmuebles con un valor catastral superior a los 400.000 euros. En noviembre de 2012 se pidió información sobre el número de inmuebles con valor catastral superior a 400.000 euros. Se trata de una información de elaboración elemental y que efectivamente debería ser de libre acceso para los grupos políticos. Lo cual se pone de manifiesto en los artículos 53 de la Ley del Catastro (de 2004) y 80 del R.D. 417/2006, y se refuerza en la Ley de Economía Sostenible (de 2011) y en el Proyecto de Ley de Transparencia. Al no tener ese dato se dificultan las posibilidades de ofrecer propuestas alternativas. (Podría aportarse la solicitud de tal información en la Comisión de Hacienda, la negativa de esa misma Comisión y la negativa de Alcaldía aduciendo que “facilitar esa información el Ayuntamiento requeriría elaboración técnica”.

 

3. Negativa a informar sobre los trabajos concretos que realiza el asesor ferroviario. Se contrató un asesor de alcaldía en octubre de 2012, bajo la forma de "consultoría y asistencia", por 58.080 euros, con una duración de dos años, prorrogable a otros dos, para informar al Alcalde de temas genéricos, relacionados con el soterramiento del tren en la ciudad. No se conoce qué trabajo está realizando, y se ha pedido información concreta sobre el cumplimiento del contrato en varias ocasiones. Solo se ha contestado repitiendo los contenidos genéricos establecidos en el contrato, pero nunca indicando concretamente qué trabajos ha realizado o está realizando. (Podría aportarse la solicitud y la respuesta genérica de Alcaldía).

 

4. Negativa a informar sobre la situación económica de la Sociedad Alta Velocidad. Se ha solicitado en numerosas ocasiones conocer los compromisos económicos de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, encargada de realizar el soterramiento del tren a su paso por Valladolid. Se trata de una información crítica, por cuanto puede comprometer el futuro económico del Ayuntamiento. El alcalde respondió en una ocasión (25 de enero de 2013) lo siguiente: “No se puede responder y no por falta de trasparencia, sino por falta de competencia, ya que esa petición debe dirigirse al presidente de la Sociedad, que no es una empresa municipal, y por tanto el Ayuntamiento –que participa con el 25% del capital- no está autorizado a dar traslado de información relativa a su estado económico y financiero”. El Grupo Municipal de IU también había solicitado esa información a la Sociedad y tampoco obtuvo nunca respuesta.

 

5. Ilegalidad de la “suspensión cautelar de información” aplicada sobre el Grupo Municipal de IU. El alcalde decretó en junio la "suspensión cautelar de información" al Grupo Municipal de IU, como represalia por haber enviado unas cartas relacionadas con el Avance del PGOU. Como consecuencia, en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo posterior la Concejala de Urbanismo negó la copia de un informe de gestión urbanística “con el argumento de que el alcalde ha determinado la suspensión cautelar de información”. (Puede aportarse el acta del Consejo de Gerencia en que constan las manifestaciones de la concejala aludiendo a la suspensión cautelar, y el acta del Pleno posterior en que vuelve a ponerse de manifiesto esa circunstancia).

 

6. Negativa a facilitar el acceso a la documentación fundamental de la Revisión del PGOU. Nuevamente se ha solicitado información sobre el PGOU, ya que está entregada toda la documentación por el equipo redactor desde diciembre del pasado año, y no se conoce nada por el Grupo Municipal de IU. Una información que es necesaria para evaluar el cumplimiento del contrato por parte del equipo redactor y para conocer y estudiar las razones del enorme retraso en la tramitación del citado expediente. Se ha negado el acceso a la pieza separada nº 2 (donde está la documentación entregada por el equipo) y al conjunto de CDs contenidos en el expediente porque “constituyen documentación compuesta de informes técnicos y trabajos del equipo redactor elaborados con carácter meramente preparatorio y previo a la aprobación inicial de la revisión del PGOU por el Pleno municipal, debiendo ser sometidos a informe de los técnicos municipales”. En realidad se trata de la entrega formal del trabajo contratado que, por supuesto, será informado por los técnicos municipales y puede ser objeto de cambios, antes y después de la aprobación inicial, como cualquier plan urbanístico. (Puede aportarse la solicitud y la contestación).

 

7. Negativa a facilitar ninguna información sobre el acuerdo de ejecución de sentencia de Piensos CIA-Ebro Agrícola. En el Consejo de Gerencia de Urbanismo celebrado el pasado 28 de mayo de 2014, al haber tenido conocimiento de que pocos días antes se había firmado un acuerdo para la ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León de 24 de abril de 2007, sobre la modificación del PGOU en Piensos CIA y Azucarera Santa Victoria, en el que había intervenido el Ayuntamiento, se preguntó a la concejala por ese proceso. Contestó que “no tenía nada que decir”. Posteriormente, el pasado 6 de junio de 2014, se solicitó por escrito acceder al citado documento (del que no se había informado en el Consejo, y ni siquiera se había admitido su existencia). Se negó el acceso a esa información, aduciendo que se trataba de un acuerdo extraprocesal “que afecta a distintas partes y que implica a terceros ajenos a esta Administración”, diciendo además que “el mencionado acuerdo no tiene ningún valor en tanto en cuanto el órgano judicial encargado de su análisis no se pronuncie”. Nosotros entendemos que el hecho de firmar un determinado acuerdo tiene un valor político y técnico innegable, al margen de que posteriormente se homologue o no por el TSJ.

 

En virtud de lo expresado más arriba, y a la espera de que pueda interesar la presentación de los documentos necesarios para completar la información, si se reclaman por ese Juzgado,

 

 

SUPLICO al mismo que admita el presente escrito.

 

 

 

Valladolid, a 19 de junio de 2014

 

 

 

 

 

Manuel Saravia Madrigal,

Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida

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