Izquierda Unida Valladolid - Ciudad

IU solicita la dimisión del alcalde y dos concejales y presenta 11 propuestas de mejora para que no se repitan casos como el del Zambrana

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado un documento de conclusiones que establece los puntos de partida del caso Zambrana, un resumen de los hechos que se han dado desde 1943 y de las irresponsabilidades en diferentes niveles de la Administración. Además presenta la petición de las dimisiones de tres cargos públicos y una serie de recomendaciones para que no se repitan casos como el presente en el que el Ayuntamiento de Valladolid pierde con toda probabilidad 20 millones de euros.

 El objetivo con que IU ha afrontado la Comisión consistía en que, una vez conocido el relato de los hechos y escuchadas las diferentes partes implicadas en los mismos: 1) Definir si unos hechos tan graves podían haberse evitado o minimizado sus consecuencias. 2) Valorar de quién es la responsabilidad de haberlo evitado. 3) Definir qué consecuencias políticas se derivan de las responsabilidades señaladas. 4) Proponer una serie de medidas que eviten que hechos de esta trascendencia puedan volver a repetirse. Como grupo político no podemos limitarnos a juzgar o pedir que se penalice este tipo de actuaciones, sino que debemos realizar propuestas dirigidas a mejorar las garantías de funcionamiento municipal.

 

 

IU entiende que, a la vista de los hechos, 1º) Se pudo haber hecho la modificación del planeamiento en poco tiempo. 2º) Se pudo haber frenado la expropiación con una declaración formal y a tiempo de su improcedencia. 3º) Se pudo haber recurrido el justiprecio aprobado por la Comisión Territorial de Valoración, intentando reducir, en el peor de los casos, su valor.

 

¿Qué lo ha impedido? En opinión de IU, un conjunto de tres hechos concatenados: el caos e ineficacia del Área de Urbanismo en los últimos años; las malas prácticas en las relaciones con los administrados en urbanismo; y la ausencia de una idea clara de ciudad, adecuada al momento.

 

Responsabilidades políticas del Alcalde

 

El Alcalde, Javier León de la Riva, es claramente responsable de lo sucedido por las siguientes siete consideraciones:

 

1º. Al Alcalde le corresponde la dirección política municipal. Su organización y reparto general del trabajo por áreas. El impulso de la actividad municipal, el orden y el tono. En consecuencia, y de la misma forma que cualquier hecho positivo del Ayuntamiento lo asume como un éxito propio, cualquier hecho negativo de envergadura también se le debe cargar como déficit propio. Si los éxitos no son nunca de los técnicos los fracasos tampoco deben serlo.

 

2º. Pero es que además en este caso, a pesar de su importancia (que se puso de manifiesto desde el primer momento) o no ha querido saber nada, lo cual es reprobable; o no se ha enterado, lo cual es aún peor, es signo de incompetencia. Desidia o desconocimiento de hecho fundamentales: mal en los dos casos.

 

3º. La organización de la administración municipal no ha funcionado bien. Y tampoco lo han hecho adecuadamente los mecanismos de control político. Antes y después (con la Gerencia) los errores han sido manifiestos.

 

4º. No ha sabido (o no ha querido) poner freno al nuevo momento del urbanismo, derivado de la crisis económica y social. No ha sabido plantear una actuación urbanística que no se basase de forma prioritaria en la multiplicación de los aprovechamientos, en crear nuevos suelos y densificar los existentes para obtener plusvalías (como sucede también, por poner otro ejemplo, en el diseño del soterramiento).

 

5º. El Ayuntamiento ofrece pocas garantías en asuntos judiciales. Tanto porque en muchos casos se llevan las actuaciones al límite de la legalidad (transgrediéndola en ocasiones, como ponen de manifiesto las numerosas sentencias negativas), como por el volumen de casos atendidos, debería haberse reforzado el servicio y dado instrucciones para actuar con mayores garantías. No es un asunto de ningún departamento, sino directamente de presidencia, de responsabilidad de alcaldía.

 

6º. La relación con la Junta es manifiestamente mejorable. Y de esos polvos estos lodos.

 

7º. Si tiene responsabilidad por haber fallado “in vigilando” (punto 2º), también las ha tenido “in eligendo”, al seleccionar para las delegaciones de Urbanismo a Manuel Sánchez y Cristina Vidal, sucesivamente, que desde nuestro punto de vista también tienen responsabilidades políticas en este caso.

 

Responsabilidades políticas de Manuel Sánchez

 

El que fuera concejal de Planeamiento e Infraestructuras, Manuel Sánchez, tiene responsabilidades políticas claras en el proceso analizado, sin ninguna duda.

 

1º. Pone de manifiesto una actitud de desidia y falta de compromiso que excede el mínimo aceptable. Carga sobre las espaldas de los técnicos más responsabilidades de las que les corresponde. A veces sería lo mismo que no hubiese concejal.

 

2º. Muestra un desconocimiento de muchos de los aspectos sobre los que gobernaba que implica, en nuestro criterio, irresponsabilidad.

 

3º. Descontrol. En ocasiones no controla lo que sucede en su departamento. Dice, por ejemplo, que no se hizo una valoración del suelo “porque los técnicos en todo momento dijeron que no era viable la expropiación”. Pero en Arce 30 los técnicos de su departamento dijeron que sí era viable y valoraron la parcela.

 

4º. Falta de sentido de la realidad. Por ejemplo cuando dice que “no entraban en ese juego”. ¿Es esa la forma de plantearlo? Pues después han tenido que entrar en el juego a trompicones. O cuando les dan un plazo de días y no contesta porque estaban trabajando en otra cosa: “El Ayuntamiento no emite una hoja de aprecio porque estaban trabajando en la modificación del PGOU”.

 

Responsabilidades políticas de Cristina Vidal

 

Cristina Vidal, la actual concejala de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, tiene también responsabilidades políticas en este caso por las siguientes razones:

 

1º. A partir de la descoordinación con lo manifestado por el Alcalde deben derivarse responsabilidades. Si no es cierto lo que ha manifestado la concejala, es responsable por falsedad. Y si es cierto, debería haber desmentido al Alcalde. No pueden admitirse públicamente manifestaciones contradictorias de esta naturaleza.

 

2º. Manifiesto desaprovechamiento de recursos humanos del Área en el caso que nos ocupa.

 

3º. Incapacidad de atender a las alertas del riesgo por el resultado finalmente acaecido. Ni siquiera se contestó al justiprecio ni se vio cómo evolucionaba la actitud de los propietarios.

 

4º. Incumplimiento de toda clase de plazos, con algunas consecuencias muy negativas para el Ayuntamiento.

 

RECOMENDACIONES

 

1. Mejoras en la organización municipal. Se ha puesto de manifiesto que es necesario establecer un reparto de competencias claro y sistemático, una clara distribución de asuntos entre concejalías y áreas municipales, reduciendo el número y estructurándose mejor.

 

2. Mejoras en el sistema de alerta. Ha quedado en evidencia la necesidad de reforzar las garantías jurídicas de la acción municipal, mejorar la información entre departamentos y establecer un protocolo interno para que los temas que pudieran ser más significativos (desde los puntos de vista económico y social) exista un sistema de alerta que evite casos como el que nos ocupa.

 

3. Mejoras en la transparencia. Mejorar la información pública de los expedientes (con lo que se amplía el control y seguimiento público, más abierto, de las actuaciones municipales).

 

4. Mejoras en el trato a los administrados. Se ha visto con claridad la necesidad de contestar a todas las propuestas que se presenten por cualquier ciudadano o grupo, salvo excepciones muy justificadas. Y revisar el funcionamiento de trato informal con los particulares (visitas, información telefónica, correos, etc.), de manera que queden siempre claras las responsabilidades de técnicos y políticos.

 

5. Mejoras en la sistemática de las valoraciones inmobiliarias. Establecer un conjunto sistemáticos de datos firmes y contrastables, de carácter público, de forma que la determinación de los valores sea “casi automática” y perfectamente objetiva. Y decidir que sea un solo equipo quien lleve a cabo este tipo de trabajos.

 

6. Mejoras en el funcionamiento urbanístico. Evitar la práctica de modificaciones continuas del planeamiento, simplemente por razones de oportunidad (reducir plazos, evitar trámites, etc.). Evitar también las modificaciones “a demanda” de particulares, ni para conseguir objetivos distintos a los que se enuncian. Es decir: dejar de instrumentalizar el planeamiento. Junto a ello, organizar claramente el conjunto de los sistemas generales, en documento público y fácilmente accesible. Reducir al mínimo los convenios. Tener clara (muy clara, que se pueda exponer fácilmente) la idea o modelo de ciudad que gobierna el planeamiento.

 

7. Mejoras en la relación con la Junta de Castilla y León. Establecer prácticas de información continuada con todos los departamentos de la Junta. Empezando por enviar un escrito de queja formal por el trato de que ha sido objeto el Ayuntamiento de Valladolid, tanto en el proceso de reversión como en la consulta de expedientes. Reclamar a la Junta el pago que finalmente resulte de la expropiación (mediante convenio entre ambas administraciones).

 

8. Propuestas de cambios normativos. Revisar de forma razonable, en defensa del interés público, tanto la legislación expropiatoria (en lo que se refiere a la reversión) como la urbanística, para evitar que pueda volver a darse casos como el del presente informe.

 

9. Propuestas para futuras comisiones de investigación: carácter público. Parece lógico que con la experiencia de la presente Comisión pasemos a perfilar cómo deben funcionar estos instrumentos de control, cómo acceder a la documentación, en qué plazos, cómo debe tratarse la información reservada (si la hay), cómo deben desarrollarse las comparecencias y cómo tratar a los grupos minoritarios para que no vean frustradas sus expectativas. Conviene recordar que la documentación debe solicitarse en varios momentos, pues el desarrollo de la Comisión abre nuevas necesidades no previstas en el inicio. Y por supuesto: garantizar el carácter público, establecer la publicidad de las comparecencias, salvo excepciones justificadas.

 

10. Una posible negociación con los propietarios. Los propietarios han ofrecido, con toda claridad, una oferta de negociación. Eso sí, dando a entender que se partiría de la situación actual. Por lo que se referiría (creemos) a plazos y formas de pago, a cambio de aceptar la cantidad asumida ahora por los tribunales. Entendemos que debe negociarse, pero no sobre la base de aceptar esa cantidad, sino la reconsideración urbanística (que habría que darle vueltas), o reducir la cantidad a pagar al menos a la cuarta parte. No es evidente ni que haya que expropiar ni que el Ayuntamiento deba necesariamente que renunciar a la propiedad de ningún suelo.

 

11. Mantener los recursos ante los tribunales. En coherencia con lo dicho antes, no cejar en los recursos ante los tribunales. Que deberían plantearse con toda claridad y contundencia.

 

VALORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES PRESENTADAS POR LOS OTROS DOS GRUPOS POLÍTICOS

 

Grupo Popular

 

Denotan una absoluta ausencia de autocrítica. Lo cual es un síntoma de lo que ha pasado. Con esa actitud es normal que hayan sucedido los hechos investigados, y probable que vuelvan a suceder. A pesar del resultado, no tienen claro que algo haya funcionado mal; y en caso de haya habido “posibles debilidades”, las cargan sobre los técnicos o la propiedad de los suelos.

 

Hay una pretensión de hacer ver que ha habido unanimidad en todos los puntos, cuando no ha sido cierto. Y así se refleja en las actas. Un ejemplo claro es sobre el carácter de la Comisión. IU desde el primer momento ha solicitado que fuese pública y transparente. Sin embargo las actas aunque sean de carácter público no serán publicadas, por tanto, cualquier persona interesada en conocerlas deberá solicitar ver el expediente en sede municipal. IU considera que las actas deben difundirse para que sean conocidas por la ciudadanía.

 

En sus conclusiones hablan de “lealtad institucional” del alcalde y dos concejales (Sánchez y Vidal), cuando del transcurso de la Comisión se denota que tienen responsabilidades sobre lo ocurrido. A IU le preocupa que se confunda desidia con lealtad, cuando estamos hablando de gobernar un Ayuntamiento.  

 

En resumen, está siendo una actuación por parte del Equipo de Gobierno muy poco seria en un asunto tan grave.

 

Grupo Socialista PSOE

 

A nuestro entender hay una sintonía general en el relato y en los hechos que se exponen en sus conclusiones, así como en las responsabilidades asignadas a los concejales Sánchez y Vidal.

 

Pero hay dos diferencias sustanciales en dos asuntos de peso. La primera, que al pedir responsabilidades pone el foco también en tres técnicos de libre designación, sin tener en cuenta que la vocación de la Comisión es dilucidar responsabilidades políticas, y en todo caso la responsabilidad última de lo sucedido recae en el concejal correspondiente.

 

La segunda, que no reclama responsabilidad directa al alcalde por lo sucedido. De hecho solo busca su responsabilidad si no cesa a los dos concejales de Urbanismo y Patrimonio. IU considera que la responsabilidad del alcalde no se puede basar en una reacción actual, sino que viene de atrás, desde 2007. Ya que como se ha evidenciado en la Comisión el alcalde ha permitido llegar a esta situación.

 

Creemos que es perfectamente viable solicitar su dimisión, ya que en otros casos, como el de la manipulación del PGOU, la responsabilidad directa era del concejal García de Coca, pero siempre se ha entendido que el alcalde es el responsable último.

 

Para finalizar no se pueden obviar las declaraciones contradictorias entre León de la Riva y Vidal. El alcalde dijo no haber estado informado de hechos relevantes en el caso Zambrana y la concejala afirmó que le había mantenido informado en todo momento. El Partido Socialista en este sentido da por buena la versión del alcalde, cuando no ha habido ninguna declaración o aclaración pública para dilucidar esta divergencia. IU no puede dar por válida ninguna de las dos versiones, y considera grave que un alcalde y un miembro de su equipo se contradigan en un hecho de tal trascendencia.


Manuel Saravia

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