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IU pregunta a la concejala de Urbanismo por el parque público de alquiler social a que obliga la última ley de la Junta en materia de vivienda

A la vista de las solicitudes presentadas para acceder a las viviendas de alquiler que VIVA tiene disponibles, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado una pregunta para el próximo Consejo de Gerencia de Urbanismo, sobre las reservas de viviendas del Ayuntamiento y VIVA para colectivos en riesgo de exclusión social, y para la formación del parque público de alquiler social a que obliga (artículos 13, 14 y 18) la nueva Ley 10/2013 “de medidas urgentes en materia de Vivienda”, que aprobaron las Cortes de Castilla y León el pasado 16 de diciembre de 2013.

 

El listado de las personas que optan a ocupar las viviendas vacías de VIVA asciende (en 14 de marzo de 2014) a 4.846 aspirantes, según consta en la propia web de la sociedad (http://www.smviva.com/#ficha/viva_al_minuto/noticias/119/). Aquellas personas que, estando en la lista anterior, deseen continuaren el procedimiento de selección de posibles arrendatarios de viviendas gestionadas por VIVA para 2014-2015, deberán presentar antes del próximo 14 de abril, unasolicitud normalizada específica. Y, según se ha hecho público, se están presentando del orden de 15 solicitudes diarias, por lo que de mantenerse el ritmo, se constituirá una lista de unos 300 aspirantes a alguna de las viviendas de que dispone VIVA.

 

Pero probablemente no todas las viviendas disponibles en principio podrán tramitarse según el procedimiento habitual de selección de arrendatarios. En este sentido, IU quiere conocer el informe que el Ayuntamiento habrá enviado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, en el que se habrá dado cuenta del número y estado de las viviendas de protección pública de titularidad municipal (o de VIVA) que se encuentren desocupadas. Y a partir de él, según exige la citada Ley 10/2013, la Consejería y el propio Ayuntamiento estimarán el número de viviendas necesarias para atender a los “colectivos en riesgo de exclusión social” de Valladolid. Las viviendas que queden afectadas a esa reserva serán objeto, para su adjudicación, de una declaración de actuación singular por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; sin sujetarse, por tanto, a los requisitos establecidos en los artículos 7 a 14 de la Orden FOM/1982/2008, por la que se regula el procedimiento para la selección de los adquirentes y arrendatarios de viviendas protegidas en Castilla y León (cupos, listas y sorteo).

 

Por otro lado, el Ayuntamiento está obligado a reservar también, para su integración en el parque público de alquiler social, al menos el 30% de las viviendas de protección pública desocupadas de su titularidad, incluyendo las que estén en construcción o rehabilitación y a las que se construyan o rehabiliten en el futuro, como las de la antigua parcela de Metales Extruidos, en la avenida de Burgos. Conviene recordar que en las viviendas incluidas en el citado parque el esfuerzo económico de las unidades familiares arrendatarias no superará la tercera parte de sus ingresos. IU quiere que se haga público el alcance de la reserva de viviendas para colectivos en riesgo de exclusión social como el número de viviendas que habrá de constituir el parque público de alquiler social.

 

                    Manuel Saravia 

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