Izquierda Unida Valladolid

IU se opone a la propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana del PP, así como al nuevo Código Penal que criminaliza cualquier protesta

IU considera que la propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana que se prevé aprobar mañana en el Consejo de Ministros, representa una clara agresión a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978. Por este motivo nos vamos a oponer con todas nuestras fuerzas a su aprobación por tratarse de una norma tan represiva que nos retrotrae a otras épocas históricas. La propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana conculca derechos como el de manifestación, reunión, expresión u opinión que quedan amputados por un proyecto de Ley que tiene como finalidad controlar y reprimir a una buena parte de la sociedad que no está de acuerdo con la política llevada a cabo por este gobierno y ni con las terribles consecuencias sociales de paro, pobreza y pérdida de servicios públicos que se están perpetrando: servicios como la sanidad, la educación o las ayudas sociales por la dependencia, están siendo privatizados o eliminados directamente, con la consiguiente indignación de los españoles y españolas, cada vez más dispuestos a pedir en la calle lo que les niegan sus gobiernos en las instituciones.


En este marco, para el gobierno central del Partido Popular se hace necesario el recorte de las libertades y derechos de los ciudadanos que rechazan su política, para lo que se sirve de un proyecto de Ley que nos retrotrae directamente hasta el franquismo. La Ley viene a sustituir otra Ley ya muy cuestionada, la llamada Ley Corcuera del PSOE, que fue denominada como la Ley “de la patada en la puerta”, pero esta norma supera con mucho su espíritu represivo.
Esta Ley se encadena a otra medida también criticable, la reforma del Código Penal, perpetrada el pasado mes de septiembre que igualmente pretende criminalizar la protesta activa y el apoyo público a la misma y su difusión abriéndo así el camino a la criminalización de cualquier tipo de manifestación.
Las cifras delictivas en España muestran que no hay un problema de delincuencia que requiera respuestas tan agresiva y contrarias a los principios constitucionales de un Estado de Derecho.


Tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el nuevo Código Penal tienen como objetivo reprimir al adversario social y político y convierten a nuestro país en un  Estado penal y policial como alternativa autoritaria ante el desmantelamiento del Estado social y  el consiguiente  incremento del conflicto.
Por último, una Ley de Seguridad Ciudadana y un Código Penal que regulan una parte importante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas no pueden, o al menos no deben, ser aprobados sin un amplio consenso del conjunto de fuerzas democráticas en el Parlamento, porque además vulnera absolutamente valores de libertad, justicia, igualdad y los propios valores jurídicos, que están contemplados en la Constitución Española.
Un Estado que necesita blindarse y criminalizar a los ciudadanos, que usa la represión física o legal para imponer sus políticas de recorte social es un estado sin autoridad.

Alfonso Sánchez
Coordinador Provincial IU

Información adicional