Izquierda Unida Valladolid

Izquierda Unida rechaza que la Junta saque definitivamente la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de los hospitales públicos

El pasado 6 de Marzo la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid anunció la licitación de procedimiento abierto para la contratación de la gestión del servicio público de la prestación de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid. Es decir, que la Junta de Castilla y León está procediendo a externalizar la gestión del servicio para este tipo de intervenciones. IU considera que con esta decisión la Junta sigue dejando a un lado su obligación legal  de garantizar un aborto público, seguro y gratuito. Demandamos a la Consejería de Sanidad que dé marcha atrás en el proceso de externalización y tome las medidas necesarias para que cualquier castellanoyleonesa pueda interrumpir su embarazo en la sanidad pública tal y como determina la ley.

Según el último informe anual publicado por el Ministerio de Sanidad sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2012 apenas el 6,5% de los abortos practicados en España son realizados en centros sanitarios públicos. Ese dato es aún mucho más llamativo en comunidades como Castilla y León donde solamente un centro público (el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro Burgos) comunicó en 2012 haber realizado IVEs. Debido a ello, solamente 15 de las 3.261 mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo (un 0,46%)  lo hicieron en el SACyL.

La legislación vigente permite interrumpir el embarazo con el único requisito de la petición de la madre durante las primeras 14 semanas de embarazo, plazo en el que se realizan más del 90% de los abortos. Resulta escandaloso que, si la práctica social se realiza dentro del plazo legal las mujeres sigan yendo a abortar a la clínica privada, de manera semiclandestina. Y contrasta además con el alto porcentaje de mujeres que se informan sobre el procedimiento en centros públicos (el 52,4%) pero que sin embargo en su gran mayoría acuden después a centros privados. De acuerdo con algunos estudios, la principal causa de esta desviación son los plazos de espera en la sanidad pública, que pueden dilatar la intervención más allá del plazo legal y además generan mayor temor con respecto a los riesgos para la salud de las embarazadas.

Observamos, por tanto, cómo a pesar de que haya un reconocimiento legal y de que la ley establezca que “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma”, existen trabas para abortar en la sanidad pública. La agilidad en los plazos es decisiva cuando un embarazo no deseado se conoce tarde o cuando pruebas decisivas para determinar la viabilidad del feto o sus posibles malformaciones se practican cuando el embarazo está ya bastante avanzado.

La lentitud en la sanidad pública se debe a una falta de regulación del derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario y a la falta de recursos que dilatan todo tipo de intervenciones quirúrgicas, lo cual se agrava con la actual política de recortes. Pero en este caso no estamos ante una medida de externalización que pueda intentar justificarse mediante el ahorro o la falta de medios ya que, como vemos, en la práctica los hospitales públicos del Sacyl no estaban garantizando esta prestación sanitaria. Se trata de sacar definitivamente de la sanidad pública los pocos abortos que se practican, con lo que se pierde la capacidad de asegurar que se realizan con unos criterios de calidad suficiente. Y, por supuesto, no se aspira al cumplimiento de la ley en cuanto a que esos abortos se practiquen en centros públicos o vinculados, ya que apenas se presupuestan practicar 383 intervenciones, lo cual supone poco más del 10% de las realizadas en 2012. Las castellanoyleonesas tendrán que seguir acudiendo, en su gran mayoría, a la empresa privada para tener acceso a una prestación sanitaria garantizada por ley.

Por todo ello, José María González, portavoz de IU, ha registrado en las Cortes una pregunta en la que se inquiere en cuántos Centros de la Red Sanitaría Publica de Castilla y León se práctica la interrupción voluntaria del embarazo y cuál es el gasto destinado a la contratación de la gestión del servicio público de la prestación de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social, en cada provincia de Castilla y León.

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