Izquierda Unida Laguna de Duero

Discurso de investidura del Concejal de IU en Laguna de Duero, Jesús Salamanca

El pasado día 11 de junio se constituyó el Ayuntamiento de Laguna de Duero y nuestro Concejal en ese consistorio tomó posesión de su cargo con un discurso en el que recordó lo cerca que ha estado izquierda Unida de lograr la segunda concejala y de las peticiones que hacen desde la calle las personas que participan en el Movimiento 15M. Aquí puedes leer el discurso completo.

"Buenos días a todas/as:

En primer lugar, quiero agradecer a las 864 personas que han depositado su confianza en I.U., su valentía por optar por una fuerza política que contra viento y marea se mantiene firme en unos tiempos en los que el bipartidismo campa a sus anchas. También agradecer a mis compañeros/as, el trabajo realizado, como siempre en condiciones precarias. Gracias por vuestro esfuerzo y confianza, que han hecho que, aunque modestamente hayamos aumentado votos y porcentajes, faltando muy poco para tener un 2º concejal. Tampoco quiero olvidarme de esos “demócratas de todas vida”, que nos han roto pancartas y paneles, gracias por ayudarnos a no tener que recoger ese material tras les elecciones y recordaros, que aún no habéis recogido la pancarta del puente que llamaba a la huelga general el 29-S, si la rompéis, por lo menos, no la dejéis tirada en el suelo. Quiero precisar también, y para despejar dudas, que la promesa ante la constitución, la hago por un imperativo legal, no porque este de acuerdo con un constitución que al igual que yo, el 70% de las personas que tienen derecho a voto en España, no la voto.

En las pasadas elecciones, se ha votado en clave nacional, unos intentando amortiguar la caída, con una política de recortes (aunque me llamen bellaco) y otros esperando ver el cadáver de su contrincante pasar por su puerta. Aun así, dos han sido los acontecimientos que han marcado las pasadas elecciones. Uno, la parte más dura y terrible de una crisis que nos lleva azotando años y cuyo final nadie ve claro, es más, cada vez se van acrecentado sus consecuencias.

Por otro lado, el movimiento 15-M, que ha sorprendido por su amplitud, su dinamismo y su sensatez. La base social de este movimiento, la componen es su mayoría varias generaciones de españoles, nacidos entre los años 70 y 90 del siglo pasado, los mejor formados y preparados de la historia, lo que no les ha servido de mucho hasta ahora, son las generaciones con más desempleo en la historia de España, con mayor eventualidad laboral y con los salarios más reducidos con respecto a su formación por no hablar de las garantías sociales mínimas como el acceso a los sistemas de seguridad social, seguro de desempleo, cotizaciones para la jubilación, etc. “No es una crisis es una estafa”, gritan acertadamente las personas que estos días ocupan las calles de nuestro país, Pero no, no es solo una estafa, es una inmensa cadena de estafas.

Es un plan criminal perfectamente concebido y ejecutado, dirigido contra todos los europeos que no pertenecen a las oligarquías financieras o a las plutocracias establecidas. Un plan criminal que continúa ejecutándose con absoluta impunidad. Es la estafa del sector bancario y financiero, que se ha enriquecido a la vez que destruía empleo y extraía hasta el último céntimo de aquellos que viven de una nómina; es la estafa hipotecaria, que nos hizo creer que todos podíamos ser propietarios y acabó mostrando que los prestamistas serán los únicos propietarios de nuestras casas y de nuestras deudas, mientas que por el camino trescientas mil familias de este país han sido desahuciadas y siguen estando endeudadas; es la estafa de la clase política dominante, que ha privatizado-es decir, ha regalado-no solo lo mejor y más rentable del sector público sino la práctica totalidad del mismo, a sus “compañeros de pupitre” y demás conocidos y allegados, diciéndonos que era lo mejor para todos y haciéndonos el “favor” de librarnos de la “pesada carga” que por los visto suponían unas deficitarias empresas públicas que automáticamente han producido multimillonarios beneficios a quienes las han adquirido a precio de saldo y con todo tipo de facilidades de pago; ha sido la estada de la liberalización de las comunicaciones, que nos prometía un infinito incremento de la calidad de los medios de comunicación y de la pluralidad informativa y ha acabado poniendo en marcha la mayor maquinaria de desinformación y aculturización que se recuerda desde tiempos Goebbels, aquél que teorizaba y practicaba que una mentira difundida y repetida mil veces acaba convirtiéndose en verdad, medios todos ellos exclusivamente al servicio del liberalismo y las fuerzas políticas mayoritarias; es la estada electoral de las oligarquías políticas, esas que permiten que los dos grandes partidos, PP y PSOE, obtengan un diputado en el Parlamento por sesenta mil votos – o menos – mientas que a quienes propugnan los que derechos sociales y económicos deben garantizarse a todos, les costó un solo diputado en las elecciones de 2008 mas de setecientos mil votos, es la estafa de las plutocracias políticas, que han limitado el ejercicio democrático a poder depositar una papeleta electoral – unas con más valor que otras por lo visto – en una urna cada cuatro años; es la estafa perpetrada por el gran capital y sus servidores, cuya codicia insaciable ha llegado al extremo de comprar políticos y ponerlos a su servicio para que acaben con la progresividad fiscal en general y con las cargas impositivas a las rentas del capital particular, provocando una concentración de riqueza insultante en pocas manos a la par que la reducción insoportable de los ingresos del Estado y la pauperización acelerada de la gran mayoría social. Todos recordamos que desde hace años nos han prometido y asegurado – PSOE, PP, CIU, PNV y demás representantes de oligarquías políticas – que la reducción del impuesto de sociedades, de los tramos altos del IRPF y la desaparición del impuesto de sociedades, eran las herramientas más eficaces para generar riqueza y crear empleo. Y ahora, que ha desaparecido el impuesto de patrimonio, prácticamente el de sucesiones y donaciones, y se han reducido como nunca los impuestos sobre el capital y las rentas más altas, nos encontramos con las mayores cuotas de desempleo, exclusión y pobreza de la historia reciente de este país.

Pero en España y desde el año 2008 no todos los sectores económicos están en crisis: el comercio de productos de lujo -yates, coches de alta cilindrada, joyas, pieles, etc. – está viviendo su época más dorada, con récord de ventas año tras año, a la par que aumenta la muy exclusiva lista de millonarios patrios. Efectivamente “lo llaman democracia y no lo es” claman nuevamente con acierto y sentido común cada vez más ciudadanos. ¿Qué ha fallado en nuestro sistema político para que la calidad de nuestra democracia deje tanto que desear? La respuesta es obvia: han fallado las leyes y quienes las hacen, empezando por la situada en el vértice de todas ellas, nuestra Constitución.

El Estado y sus instituciones se han desprovisto de recursos legales que les permitan evitar estafas como las habidas, han prescindido de cualquier norma que les permitiera intervenir en el mercado ante los evidentes desmanes de este. Nuestros gobiernos, por indicación de las saqueadores – camuflados en instituciones de regulación financiera y económica – han desarmado al Estado y al sector previamente a iniciarse la gran ofensiva neoliberal. La Unión Europea se ha construido sobre la estricta prohibición de intervención en la economía de los Estados, justificada con la falacia de la “libre competencia”, no se ha construido sobre la prohibición de especulación y la defensa de la economía productiva. Sirva como ejemplo el desmán de las denominadas “agencias calificadoras de riesgos” que mediante tráfico de información reservada han enriquecido a sus empresas – o a las de sus clientes – cotizadas en bolsas a la que han empobrecido a los pequeños ahorradores. Agencias que han orquestado los mayores ataques a la deuda pública española y europea que se recuerden, con graves pérdidas para la sociedad y las haciendas públicas y espectaculares enriquecimientos para sus socios, socios que a la vez son los grandes accionistas de los fondos de inversiones multinacionales beneficiados por la economía especulativa. Warren Buffet, uno de los mayores tenedores de fonos de inversión especulativos de alto riesgo -“Hedges Founds”-en el mundo, es a su vez propietario del mayor paquete accionarial de la agencia Moody´s, la encargada de calificar la calidad de sus fondos de inversión. Apenas una página de una circular interna del Banco de España constituye todo el marco legal regulador de estas entidades en nuestro país, de estos auténticos corsarios del siglo XXI que navegan a sus anchas en océano del liberalismo desregulador. A lo largo de la historia las leyes han aparecido cuando un grupo humano, unido entorno a la convivencia, intenta regular sus relaciones mediante un equilibrio entras las ventajas y las desventajas que cada uno obtiene con esa relación. Equilibrio en las relaciones económicas, en las relaciones sociales, en las relaciones personales, etc. Las leyes son útiles si sirven para regular el sistema y hacer que este funcione eficaz y equitativamente, esto es, satisfaciendo dignamente las necesidades de todos sus integrantes. Si no es así, las leyes dejan de ser eficaces, dejan de ser justas y se convierten en ineficaces, en injustas e inequitativas, Es decir, se convierten en instrumentos de dominación de unos sectores sociales – los que resultan unilateralmente beneficiados – respecto a otros sectores sociales – aquellos que resultan mayoritariamente perjudicados -.Y así estalla el conflicto social, que concluye con el exterminio de la dominación – privándolo por tanto de derechos – de uno de los grupos confrontados por el otro grupo, o bien concluye con la reforma del pacto de convivencia – del pacto constitucional -,renovándolo, adaptándolo a las nuevas situaciones y perfeccionando para corregir los errores que provocaron el conflicto.

El movimiento DRY ha tenido el gran acierto de manifestar – desde una ciudadanía claramente apartidista, que no apolítica -, lo mismo que venía siendo un clamor desde los sectores políticos organizados que han sido consecuentes con el pacto social y político alcanzado por la humanidad tras la derrota del fascismo a mediados del siglo pasado. Es decir, el movimiento no clama por un régimen socialista o revolucionario, sino únicamente por la recuperación del Estado Social, Democrático y de Derecho, objetivo que hoy en día parece inalcanzable si no es a través de una auténtica revolución de las mayorías sociales. Un Estado comprometido con la garantía de todos los derechos – también los económicos y sociales-para todas las personas. Ese mismo Estado Social que las oligarquías dominantes, ávidas de codicia y sobradas de egoísmo, quieren suprimir mostrando una torpeza sin límites, incluso objetivamente contraría a sus propios intereses de dominación. Tanta avaricia les ciega hasta para aplicar la máxima “gatopardiana” –cambiar algo para que sea todo igual-que ha posibilitado a las clases dominantes seguir disfrutando de sus insultantes riquezas y derroches a cambio únicamente de garantizar una vida mínimamente digna al resto de personas.

Esta crisis ha demostrado que ni siquiera a esto tan evidente y tan primario están dispuestos los que ejercen como nuestros dueños. El movimiento 15-M lo está manifestando a diario y poniéndolo por escrito. Pocas tablas reivindicativas son más concretas, factibles, sensatas y acertadas para defender el Estado Democrático, Social y de Derecho como las medidas que para salir de esta grave crisis han sido aprobadas por la Asamblea del 20 de mayo de 2011 de la “Acampada de Sol”: cambio de la ley electoral y democracia más participativa y controlada por los ciudadanos; garantía de todos los derechos básicos recogidos en la Constitución (vivienda, trabajo digno, sanidad, educación, libre circulación); eliminación de leyes discriminatorias e injustas; reforma fiscal que devuelva la progresividad impositiva y aumente la carga fiscal de los que más ingresan, incrementando los recursos del Estado, es decir, los de toda la sociedad; recorte de los privilegios de la clase política; políticas económicas al servicio de la sociedad y no de los dueños de las empresas bancarias y financieras; medidas eficaces contra la corrupción; reducción del gasto militar; democratización de la justicia…

¿Cuáles son entonces los impedimentos para que cualquier gobierno, cuya sensatez y capacidad se les debería presuponer, ponga en marcha esas medidas de forma inmediata? Sin duda, los principales impedimentos son la pérdida de privilegios de los dos grandes partidos que estas medidas entrañarían, su supeditación constatada a esos difusos centros de poder denominados “mercados”, y la falta de instrumentos legales reales y eficaces para tomar medidas que nos permitan salir de esta situación. El extremo liberalismo, la reducción de la capacidad de intervención del Estado y la máxima desregulación legislativa de la actividad económica y financiera han dejado al Estado, es decir, a la sociedad, sin armas para defender los intereses colectivos. Y valga como muestra el proceso de construcción europea; se nos prometió la “Europa de los pueblos y los ciudadanos”, y nos hemos encontrado con la “Europa de los banqueros y del capital”, una Europa cuya economía esta regida por una institución no elegida no controlada democráticamente: El banco Centro Europeo.

Seamos realistas: el actual marco legislativo español, nuestro marco constitucional, no nos proporciona herramientas lo suficientemente eficaces para invertir la situación actual, para garantizar una democracia real donde los ciudadanos no solo voten, sino que controlen que los elegidos no se aparten del mandato electoral y lo cumplan – del contrato que firmaron con los ciudadanos, igual que los bancos nos obligan cumplir sus contratos hipotecarios -, para poder así salir de la crisis y evitar que vuelva a producirse, para proteger al patrimonio de la sociedad en su conjunto frente a la voracidad de los intereses exclusivamente individuales y privados. El artículo 128.1 de la Constitución determina que toda la riqueza del país, incluida la privada, se subordina al interés general. El 128.2 y el 131 contemplan, respectivamente, la iniciativa pública en la economía y la planificación de ésta para atender a las necesidades colectivas y así equilibrar y armonizar el desarrollo. Y el artículo 129.2 literalmente dice “Los poderes públicos (…) establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Tales encomiables enunciados, retóricos a fecha de hoy, de nada han servido al no ir acompañados de mecanismos constitucionales que posibiliten la exigibilidad de su cumplimiento a los poderes públicos, poderes públicos que a fecha de hoy ni han desarrollado dichos principios constitucionales ni han podido ser compelidos eficazmente a hacerlo por unos ciudadanos en absoluta situación de indefensión ante el sistemático incumplimiento constitucional. Además, el derecho al trabajo (Art. 35 de la Constitución), a la vivienda (Art. 47), a la salud (Art. 43), a la Seguridad Social (Art. 41), a la cultura (Art. 44), al medio ambiente sano y de calidad (Art. 45), a la participación de la juventud (Art. 48), entre otros cuya defensa no es prioridad de los grandes poderes económicos y financieros, son excluidos constitucionalmente del único mecanismo legal de exigibilidad del cumplimiento de derechos fundamentales que prevé nuestra carta magna, son excluidos de ser exigibles mediante recurso de amparo constitucional. Las leyes deben responder a los problemas de su tiempo, contener mecanismos que permitan abordar y solucionar dichos problemas. SI no es así, no son útiles no eficaces.

Una constitución con casi treinta y cincos años, anterior a la era de la globalización de la economía y las comunicaciones, está obsoleta por definición, por mucho que irracionalmente se haya sacralizado hasta los niveles totémicos que ha llegado a alcanzar nuestra actual Carta Magna. No es fácil encontrar una constitución europea con treinta y cinco años de edad que no haya sido sometida a profundas reformas, probablemente ninguna de las actuales. El pánico político que existe en España a abordar una profunda reforma constitucional es impropio de una democracia madura y sólida, donde una Constitución es exacta y únicamente eso: una ley, la situada en el vértice superior de la escala normativa, pero una ley a fin de cuentas que debe ser adaptada a las necesidades sociales de cada momento. Obviemos en este texto – sería materia exclusiva para otro escrito – el origen “semiotorgado” de nuestra Constitución, cualidad que permitió hasta el reconocimiento de legitimidad al régimen dictatorial anterior, tal y como viene recordando nuestro Tribunal Supremo cada vez que falla contra la anulación de una resolución emanada de un Consejo de Guerra o de un Tribunal penal de la dictadura franquista. Que en 1978 la democracia fuera una concesión del ejercito y las oligarquías franquistas a la ciudadanía nadie lo cuestiona a fecha de hoy, como nadie cuestiona que nuestro actual Jefe del Estado – designado previamente a la aprobación de la Constitución y por exclusiva decisión del dictador, sin que nunca se haya sometido al veredicto de las urnas – haya recibido su legitimación democrática -de la que carecía en origen – a través del texto de nuestra actual Carta Magna. No es de extrañar por tanto que a fecha de hoy desconozcamos su opinión sobre la crisis económica, sobre sus causas y causantes y sobre la situación que atraviesan las victimas de esta.

Pero lo que fue condición “sine quanon” para iniciar la democracia en 1978 no tiene porque serlo hoy en día para defenderla y mejorarla, sobre todo si dicho marco constitucional se manifiesta por momentos como ineficaz e incapaz de dar respuestas a los retos de nuestra sociedad. El 70% de las personas que hoy tienen derecho de voto en España no pudieron votar la Constitución de 1978, ni por supuesto participar en su elaboración. No habían nacido o no tenían edad para ejercer el derecho al voto. Muchos de ellos alcanzan hoy día la cincuentena y a este paso morirán sin haber participado en un proceso constituyente. ¿Qué piensa plantear el “Movimiento 15M” a partir del día 23 de mayo para que las personas que lo han nutrido, y que tanto han hecho para despertar del letargo las conciencias de los ciudadanos pueda hacer realidad sus muy justas y oportunas propuestas acordadas en asamblea?

El reto no es fácil, aunque en otro país europeo ya se ha resuelto. Islandia se encuentra inmersa en un nuevo proceso constituyente para que los ciudadanos, mediante la elaboración y aprobación de la que probablemente sea la constitución más participada en su redacción de toda la historia europea, acuerden una nueva carta magna que garantice que los derechos de toda la sociedad nunca más van a ser usurpados, secuestrados o esquilmados por los mercados. En esta país también necesita ese nuevo proceso constituyente para salir de la crisis y evitar volver a caer, nunca más, en una estafa masiva y criminal de la envergadura de la que estamos padeciendo. No podemos salir de esta situación si no tenemos herramientas para ello. Ante la negativa hasta ahora de los poderes públicos a proporcionarnos estas herramientas, debe ser la soberanía popular expresada legítimamente a través de una asamblea constituyente, extensa y capilar, participativa y participada no sólo por partidos políticos, sino también por movimientos sociales y personas, la que nos garantice a los ciudadanos los instrumentos por los que la mayoría social hoy esta clamando. Y todo ello lo podemos alcanzar de forma pacífica, ordenada y cívicamente, como así esta siendo este increíble movimiento. Parafraseando al abuelo de Majaelrayo, ¿Y en Laguna que? ¿Otra vez Viejo Alcalde? Pues no, esta vez no, pero seguimos con más de lo mismo, el orden de factores no altera el producto y ahora no será por falta de experiencia, que de la situación socio-económica en la que se encuentra el Ayuntamiento son corresponsables los que llevan gobernando por “fas o nefas” (perdón por el) la tira de años. Les deseo suerte y por si lo quieren tener en cuenta (cosa que dudo) les enumero una serie de medidas que desde I.U. creemos que son la base de un buen gobierno.

1.-utilizar las competencias del Ayuntamiento que permitan crear empelo y, mas expresamente aún, que creen mejores condiciones para facilitar la creación de empleo. Construir Planes Locales de creación de empleo e impulso a la economía real, Apostar por el pago en plazo más breve posible a los proveedores, especialmente pequeños empresarios y autónomos.

2.-Crear una Comisión de Crisis para identificar y ayudar en la resolución de los problemas que genera el desempleo, el desahucio de las viviendas y la marginación social.

3.-Introducir elementos de participación democrática real: Presupuestos participativos, Comisiones y Consejo de Participación Ciudadana. Exigir desde los Ayuntamientos la Reforma de la Ley Electoral y, en su caso, de la existente en CC.AA. Valorar en los acuerdos de Gobierno la importancia de una Concejalía de Participación que nos permita una conexión institucional con los movimientos sociales.

4.-Exigir medidas de austeridad y transparencia. Limitar las retribuciones de los cargos públicos en los casos que sean excesivas. Implantar procedimientos eficaces para el control de la contratación pública.

5.-Impulsar una reforma fiscal local que conduzca a una fiscalidad justa.

6.-Exigir al Gobierno la presentación de una Ley de Financiación Local que garantice la suficiencia para la financiación de las competencias municipales.

7.-Defender los servicios públicos, oponerse a cualquier tipo de privatización, incluida la de la gestión de servicios públicos municipales. Revertir las privatizaciones efectuadas, si ello es posible y factible económicamente.

8.-Impulsar medidas para fomentar la cohesión social, la igualdad en el trabajo y en la sociedad de mujeres y hombres, fomentar las oportunidades para los jóvenes y planear una lucha política decidida contra el racismo y la xenofobia.

9.-Tomar medidas para la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos dependientes del Ayuntamiento.

10.-Impulsar el concepto de Ayuntamientos identificados con la protección del medio ambiente, la economía sostenible (tanto desde le punto de vista humano como medioambiental) y Ayuntamientos solidarios. En fin, como podéis ver, son ejes del programa marco con los que nos hemos comprometido con la ciudadanía en las elecciones y que nos sitúan en una propuesta alternativa frente a las políticas neoliberales. Una propuesta que debe ser visible y conocida por todos los ciudadanos. Es algo que considero factible y nada pretencioso, en vosotros está tenerlo en cuenta o no. Y lo dicho, que tengáis suerte, escuchad a los ciudadanos y abrid puertas y ventanas del Ayuntamiento para que entre aire fresco. Y como siempre: ¡Salud y República! Jesús Salamanca Tejero. Concejal de Izquierda Unida de Castilla y León".

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