Izquierda Unida Valladolid - Diputación

El Grupo Provincial de Izquierda Unida presenta una Proposición para garantizar la prestación sanitaria en el medio rural y por el mantenimiento de la actual plantilla sanitaria

Izquierda Unida exige  a la Junta de Castilla y León que ceje en su empeño de desmantelar el actual sistema de sanidad retirando el Plan de Reestructuración de Atención Primaria, y que se cubran todos los puestos, ya sean de médicos de familia y de enfermeros o enfermeras que queden vacantes, por el motivo que sea, para poder prestar una atención digna y de plena garantía a los habitantes del medio rural de nuestra provincia.

El Plan de reestructuración de Atención Primaria que, según las últimas informaciones del Sacyl, se está elaborando, para poder desarrollarlo antes de que finalice el próximo año, ha hecho saltar todas las alarmas en los municipios del medio rural de Castilla y León, y supone  un cambio profundo de la organización del Sacyl,

Dicho Plan de reestructuración contempla dos fases, una consiste en la reestructuración sanitaria de los Centros de Salud y consultorios, esta primera  etapa afecta a 67 plazas de médicos y 36 de enfermería que se extinguen en pueblos para reforzar las zonas urbanas en detrimento de las zonas rurales.

En la segunda etapa se pretende la desaparición de 180 médicos de familia y de 45 de enfermería con lo que el total de plazas a desaparecer sería de 259 médicos y de 89 de enfermería. Según el plan diseñado por Sacyl contempla el cierre de centros de salud del medio rural para pasarlos a urbanos y cambiar de área de salud e incluso de provincia.

Esta medida,  unida a la entrada en vigor de la nueva Ley de régimen Local elaborada por el Gobierno Central y la Ley de Reordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León harán que nuestra Comunidad, que ya de por sí tiene graves problemas de despoblación, envejecimiento y dispersión territorial, vea  como poco a poco se va produciendo el desmantelamiento de unos servicios básicos a los que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia tienen derecho, y no a ser tratados como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase al recortarles las prestaciones básicas a las que tenemos derecho, viéndose abocados a abandonar el medio rural por falda de asistencia sanitaria.

Esta medida, una más de las que viene desarrollando en los últimos años, tanto el Gobierno Central como la propia Junta de Castilla y León, dentro de la política de recortes y bajo el pretexto de la crisis, como la desaparición de los partidos judiciales, la nueva ley de educación, los recortes de la Ley de Dependencia, y un largo etc. hace que la pervivencia  de nuestros municipios tenga un futuro incierto, y los habitantes y moradores del mundo rural se vean abocados a abandonar su forma de vida para buscar una mejor prestación de servicios básicos y esenciales como son especialmente los sanitarios

 

 

                                                           Salvador Arpa de la Fuente

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