Consideramos que hay un insuficiente apoyo al llamado tercer pilar del Estado del Bienestar: las políticas de apoyo a la dependencia. Este sector debe ser prioritario, puesto que se puede actuar desde lo público para crear empleo al tiempo que se garantizan los derechos de los ciudadanos por medio del sistema público de protección.

Frente a la propuesta neoliberal de adelgazar el Estado, IU defiende los servicios públicos propios del sistema de bienestar que permiten avanzar hacia un Estado social donde los derechos de los ciudadanos estén garantizados y sea posible hacer frente a las necesidades básicas de la ciudadanía a través de un acceso universal, no discriminatorio y con coste asequible.

Defender el Estado social supone algo más que meras declaraciones de intenciones supone dedicar los recursos suficientes. Por eso es necesario aumentar el gasto social hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB.

La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, viene a reforzar el llamado Estado del Bienestar conformado básicamente por los sistemas públicos de educación y sanidad, sumando el sistema de protección a las personas con falta de autonomía para desenvolverse en su vida diaria, por razones de edad, enfermedad o discapacidad.

La implantación del sistema de atención a las personas dependientes no culminará hasta 2015 con la incorporación de los niveles de dependencia inferiores, pero ya en la actualidad este sistema presenta carencias importantes que se refieren a la insuficiencia de financiación y a la debilidad del sistema de atención público, en lo que a las infraestructuras, medios humanos y materiales se refiere.

Por eso desde IU exigimos la financiación y gestión pública de la dependencia, que toda persona afectada pueda elegir ser atendida en su domicilio, por personas profesionales, o en un centro adecuado a sus necesidades y que el tiempo de espera para ello no exceda de los seis meses.

Queremos evitar la aplicación perversa que se está haciendo de la Ley de Dependencia, que promueve la feminización de los cuidados mediante la prestación a la cuidadora (PE de cuidados familiares). La Ley debe servir para establecer un sistema de servicios profesionales y públicos y la prestación económica para los familiares debe ser verdaderamente excepcional.

La atención a la Dependencia es una competencia cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas colaborando en su financiación el Estado, en lo que a los niveles mínimos de protección se refiere.

El presupuesto de la Junta de Castilla y León en 2011 asciende a 550 millones de Euros a la atención a las personas dependientes. En esa cantidad está incluida la aportación estatal. Dicho presupuesto dista mucho de ser suficiente. Tomando como ejemplo las prestaciones que se otorgan vinculadas al servicio, es decir el dinero que se ofrece al usuario para que pague un servicio que el sistema público no puede ofertarle en un momento determinado, y que constituye en Valladolid casi el 19% de las prestaciones concedidas. La cantidad máxima asignada para los grandes dependientes es en la actualidad de 833,46 a 401,20 euros mensuales en función del nivel de dependencia. Supongamos que la persona afectada precisa de una plaza de residencia y en su pueblo o la zona no hay oferta de plazas públicas o concertadas. Esta persona tendría que hacer frente todavía a una importante parte del coste pues el precio medio mensual de una plaza residencial en Valladolid según estudios de la patronal privada es de 1.249, 43 euros.

La prestación por cuidados familiares de excepción a norma

La insuficiencia en la financiación de los servicios es la causa de que una medida que la Ley plantea como excepcional, la prestación económica por cuidados familiares no sea realmente la excepción sino la norma, pues en nuestra provincia recurren a ella el 34% de los afectados, de hecho es la prestación más extendida de todas, recayendo prácticamente en las mujeres la responsabilidad de su desempeño con un salario para la cuidadora por debajo del salario mínimo interprofesional (520, 69 y 300,90 euros según el grado de dependencia)

Pero es que además si sumamos las prestaciones económicas vinculadas al servicio y las de cuidados familiares, en Valladolid deducimos que alrededor del 50% de las mismas, se resuelven a través del ámbito privado, sin olvidar, que el otro 50% (prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio centros de día y noche, y atención residencial) son servicios que se prestan a través de empresas o entidades intermediaras principalmente. Otro dato que demuestra la precariedad del sistema es la intensidad del servicio, es decir el número de horas de prestación concedidas, que para los grandes dependientes son tres horas diarias como máximo. Está claro que las prestaciones ofrecidas no resuelven el problema a ninguna familia en esa situación.

Estos datos muestras claramente las carencias de un servicio público esencial para garantizar nuestro Estado del Bienestar. Un sector que IU plantea desarrollar como una vía adecuada para crear empleo decente. Así en nuestro Plan de Choque por el empleo, se prevé la creación de 170.000 empleos sociales que de una forma profesional y en condiciones laborales dignas, permitan asegurar el pleno desarrollo de la Ley de dependencia.

En política dime en lo que inviertes y te diré en lo que crees.

IU cree que los servicios sociales públicos son la referencia para el desarrollo de la protección social que no debe verse interferida por la privatización de servicios, destructiva para la cobertura universal de las necesidades sociales. Por eso reivindicamos unos servicios sociales participativos y bien gestionados desde lo público.

Una fiscalidad justa y progresiva dotará al Estado de los medios necesarios para dicha aspiración sea una realidad.

Consideramos que hay un insuficiente apoyo al llamado tercer pilar del Estado del Bienestar: las políticas de apoyo a la dependencia. Este sector debe ser prioritario, puesto que se puede actuar desde lo público para crear empleo al tiempo que se garantizan los derechos de los ciudadanos por medio del sistema público de protección.

Frente a la propuesta neoliberal de adelgazar el Estado, IU defiende los servicios públicos propios del sistema de bienestar que permiten avanzar hacia un Estado social donde los derechos de los ciudadanos estén garantizados y sea posible hacer frente a las necesidades básicas de la ciudadanía a través de un acceso universal, no discriminatorio y con coste asequible.

Defender el Estado social supone algo más que meras declaraciones de intenciones supone dedicar los recursos suficientes. Por eso es necesario aumentar el gasto social hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB.

La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes, viene a reforzar el llamado Estado del Bienestar conformado básicamente por los sistemas públicos de educación y sanidad, sumando el sistema de protección a las personas con falta de autonomía para desenvolverse en su vida diaria, por razones de edad, enfermedad o discapacidad.

La implantación del sistema de atención a las personas dependientes no culminará hasta 2015 con la incorporación de los niveles de dependencia inferiores, pero ya en la actualidad este sistema presenta carencias importantes que se refieren a la insuficiencia de financiación y a la debilidad del sistema de atención público, en lo que a las infraestructuras, medios humanos y materiales se refiere.

Por eso desde IU exigimos la financiación y gestión pública de la dependencia, que toda persona afectada pueda elegir ser atendida en su domicilio, por personas profesionales, o en un centro adecuado a sus necesidades y que el tiempo de espera para ello no exceda de los seis meses.

Queremos evitar la aplicación perversa que se está haciendo de la Ley de Dependencia, que promueve la feminización de los cuidados mediante la prestación a la cuidadora (PE de cuidados familiares). La Ley debe servir para establecer un sistema de servicios profesionales y públicos y la prestación económica para los familiares debe ser verdaderamente excepcional.

La atención a la Dependencia es una competencia cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas colaborando en su financiación el Estado, en lo que a los niveles mínimos de protección se refiere.

El presupuesto de la Junta de Castilla y León en 2011 asciende a 550 millones de Euros a la atención a las personas dependientes. En esa cantidad está incluida la aportación estatal. Dicho presupuesto dista mucho de ser suficiente. Tomando como ejemplo las prestaciones que se otorgan vinculadas al servicio, es decir el dinero que se ofrece al usuario para que pague un servicio que el sistema público no puede ofertarle en un momento determinado, y que constituye en Valladolid casi el 19% de las prestaciones concedidas. La cantidad máxima asignada para los grandes dependientes es en la actualidad de 833,46 a 401,20 euros mensuales en función del nivel de dependencia. Supongamos que la persona afectada precisa de una plaza de residencia y en su pueblo o la zona no hay oferta de plazas públicas o concertadas. Esta persona tendría que hacer frente todavía a una importante parte del coste pues el precio medio mensual de una plaza residencial en Valladolid según estudios de la patronal privada es de 1.249, 43 euros.

La prestación por cuidados familiares de excepción a norma

La insuficiencia en la financiación de los servicios es la causa de que una medida que la Ley plantea como excepcional, la prestación económica por cuidados familiares no sea realmente la excepción sino la norma, pues en nuestra provincia recurren a ella el 34% de los afectados, de hecho es la prestación más extendida de todas, recayendo prácticamente en las mujeres la responsabilidad de su desempeño con un salario para la cuidadora por debajo del salario mínimo interprofesional (520, 69 y 300,90 euros según el grado de dependencia)

Pero es que además si sumamos las prestaciones económicas vinculadas al servicio y las de cuidados familiares, en Valladolid deducimos que alrededor del 50% de las mismas, se resuelven a través del ámbito privado, sin olvidar, que el otro 50% (prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio centros de día y noche, y atención residencial) son servicios que se prestan a través de empresas o entidades intermediaras principalmente. Otro dato que demuestra la precariedad del sistema es la intensidad del servicio, es decir el número de horas de prestación concedidas, que para los grandes dependientes son tres horas diarias como máximo. Está claro que las prestaciones ofrecidas no resuelven el problema a ninguna familia en esa situación.

Estos datos muestras claramente las carencias de un servicio público esencial para garantizar nuestro Estado del Bienestar. Un sector que IU plantea desarrollar como una vía adecuada para crear empleo decente. Así en nuestro Plan de Choque por el empleo, se prevé la creación de 170.000 empleos sociales que de una forma profesional y en condiciones laborales dignas, permitan asegurar el pleno desarrollo de la Ley de dependencia.

En política dime en lo que inviertes y te diré en lo que crees.

IU cree que los servicios sociales públicos son la referencia para el desarrollo de la protección social que no debe verse interferida por la privatización de servicios, destructiva para la cobertura universal de las necesidades sociales. Por eso reivindicamos unos servicios sociales participativos y bien gestionados desde lo público.

Una fiscalidad justa y progresiva dotará al Estado de los medios necesarios para dicha aspiración sea una realidad.