Hasta este mes de marzo. Las molestias persistían de forma continuada y decidí acudir a mi médico. De ahí al traumatólogo quien, tras las pruebas pertinentes me planteó las ventajas y los inconvenientes de una operación. Al final pensé que la artroscopia podía paliar el problema y decidí que se llevase a cabo la citada intervención. Estaba ya en la lista de espera. Pasados unos días recibí una llamada telefónica. Una señora, amablemente, me conminaba a acudir a dos clínicas privadas que tienen un concierto con la sanidad pública. Sus argumentos: lo harán tan bien como en el Clínico y le podrán operar en breve. Cuando le mostré mi interés por ser atendido exclusivamente por la sanidad pública le tornó la voz y me dijo, más áspera, que, si esa era mi elección, tendría que esperar varios meses para que fuera posible. Bien, le dije, esperaré. Está usted en su derecho, apostilló como si le hubiera dicho algo incomprensible pero que no ella no podía evitar. Vamos, como si, teniendo billete de tren para ir a Cádiz, le hubiera planteado que mi decisión era llegar caminando a la Tacita de Plata. Usted mismo, remató. Me quedé con mal cuerpo. Y sin entender nada. Si convenimos que la atención sanitaria es un derecho y los poderes públicos se vanaglorian del sistema público de sanidad ¿cuál es la trayectoria que ha facilitado al secuestro de parte de los servicios por parte de la privada? Me dirán, con razón, que el derecho sigue existiendo y que la operación, en uno u otro sitio, se va a realizar. Cierto, pero me Joaquín Robledo Díaz Coordinador Provincial de IU Valladolid preocupa. Si una clínica privada puede ofrecer un servicio que, posteriormente, la Junta le retribuiría ¿por qué no lo puede ofrecer directamente el SACYL? El centro privado tiene la necesidad de presentar cuentas de resultados y el carácter de empresa les obliga a obtener beneficios, los convenios que tienen con la Junta les producen beneficios. Si ellos lo hacen ¿por qué no es la propia Junta la que invierte el dinero que les paga a estos centros en mejorar la calidad de la atención? Los conciertos sanitarios, como los educativos, detraen dinero público –de todos- para fortalecer empresas privadas y eso es un contrasentido dado que el fin de los impuestos es la redistribución. Este tipo de prácticas fortalecen a los inversores privados al ponernos a todos como clientes de sus empresas. Los centros públicos van perdiendo peso y, como en todo fenómeno de erosión, se van debilitando las bases sobre las que se asientan. En primer lugar las ideológicas: la consciencia social del valor de un derecho, posteriormente las económicas y al final se tomó esta decisión porque no había más remedio. Sin dinero ni capacidad de contundente respuesta social. Aún queda pero el camino ha comenzado. Sólo valoramos lo que tenemos cuando lo necesitamos y cuando lo perdemos suele ser tarde para que la reacción sea eficaz. Quizá falte en nuestra sociedad una “cultura de lo público”, una mezcla entre la reclamación de un derecho y el uso correcto de éste. Para que un servicio público sea eficiente es necesaria la complicidad de todos y, por tanto, debemos usarlo de forma sensata, de esta forma todas las personas -al menos las que no tenemos capacidad para afrontar las minutas de un centro privado- nos beneficiaríamos. La exigencia ha de ser máxima pero mesurada. La privada podrá aportar un confort que es imposible, e injusto, reclamar a la pública pero en las prestaciones no puede haber merma. Hay radica el límite. Nuestra obligación, como ciudadanos es esperar lo que es razonable, lo cual no implica callar cuando hay que esperar más de lo justo por una mala gestión. A ver hasta cuando cojeo. A ver si la sanidad pública refuerza sus piernas.

Hasta este mes de marzo. Las molestias persistían de forma continuada y decidí acudir a mi médico. De ahí al traumatólogo quien, tras las pruebas pertinentes me planteó las ventajas y los inconvenientes de una operación. Al final pensé que la artroscopia podía paliar el problema y decidí que se llevase a cabo la citada intervención. Estaba ya en la lista de espera. Pasados unos días recibí una llamada telefónica. Una señora, amablemente, me conminaba a acudir a dos clínicas privadas que tienen un concierto con la sanidad pública. Sus argumentos: lo harán tan bien como en el Clínico y le podrán operar en breve. Cuando le mostré mi interés por ser atendido exclusivamente por la sanidad pública le tornó la voz y me dijo, más áspera, que, si esa era mi elección, tendría que esperar varios meses para que fuera posible. Bien, le dije, esperaré. Está usted en su derecho, apostilló como si le hubiera dicho algo incomprensible pero que no ella no podía evitar. Vamos, como si, teniendo billete de tren para ir a Cádiz, le hubiera planteado que mi decisión era llegar caminando a la Tacita de Plata. Usted mismo, remató. Me quedé con mal cuerpo. Y sin entender nada. Si convenimos que la atención sanitaria es un derecho y los poderes públicos se vanaglorian del sistema público de sanidad ¿cuál es la trayectoria que ha facilitado al secuestro de parte de los servicios por parte de la privada? Me dirán, con razón, que el derecho sigue existiendo y que la operación, en uno u otro sitio, se va a realizar. Cierto, pero me Joaquín Robledo Díaz Coordinador Provincial de IU Valladolid preocupa. Si una clínica privada puede ofrecer un servicio que, posteriormente, la Junta le retribuiría ¿por qué no lo puede ofrecer directamente el SACYL? El centro privado tiene la necesidad de presentar cuentas de resultados y el carácter de empresa les obliga a obtener beneficios, los convenios que tienen con la Junta les producen beneficios. Si ellos lo hacen ¿por qué no es la propia Junta la que invierte el dinero que les paga a estos centros en mejorar la calidad de la atención? Los conciertos sanitarios, como los educativos, detraen dinero público –de todos- para fortalecer empresas privadas y eso es un contrasentido dado que el fin de los impuestos es la redistribución. Este tipo de prácticas fortalecen a los inversores privados al ponernos a todos como clientes de sus empresas. Los centros públicos van perdiendo peso y, como en todo fenómeno de erosión, se van debilitando las bases sobre las que se asientan. En primer lugar las ideológicas: la consciencia social del valor de un derecho, posteriormente las económicas y al final se tomó esta decisión porque no había más remedio. Sin dinero ni capacidad de contundente respuesta social. Aún queda pero el camino ha comenzado. Sólo valoramos lo que tenemos cuando lo necesitamos y cuando lo perdemos suele ser tarde para que la reacción sea eficaz. Quizá falte en nuestra sociedad una “cultura de lo público”, una mezcla entre la reclamación de un derecho y el uso correcto de éste. Para que un servicio público sea eficiente es necesaria la complicidad de todos y, por tanto, debemos usarlo de forma sensata, de esta forma todas las personas -al menos las que no tenemos capacidad para afrontar las minutas de un centro privado- nos beneficiaríamos. La exigencia ha de ser máxima pero mesurada. La privada podrá aportar un confort que es imposible, e injusto, reclamar a la pública pero en las prestaciones no puede haber merma. Hay radica el límite. Nuestra obligación, como ciudadanos es esperar lo que es razonable, lo cual no implica callar cuando hay que esperar más de lo justo por una mala gestión. A ver hasta cuando cojeo. A ver si la sanidad pública refuerza sus piernas.