COORDINAR LAS DIPUTACIONES

Artículo de Jesús Anta Roca

El Mundo de Valladolid Miércoles 25 de julio de 2007

El marco legislativo y las decisiones políticas sobre ordenación del territorio caminan en Castilla y León con una lentitud exasperante. En 1998 se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad (Ley 10/1998) que debía plasmarse en un proyecto de Directrices Esenciales, que hasta agosto de 2006 no se ha materializado en la correspondiente exposición pública, y que todavía está sin aprobación definitiva. Es una ley que se supone esencial y pendiente del mandato electoral anterior. Pero por el contenido, está sin embargo muy lejos de colmar las expectativas exigidas.

Se supone que la Ley de 1998 y las Directrices Esenciales tienen que buscar la forma de ordenar de alguna manera los 2.248 municipios de Castilla y León para hacerlos viables; repartidos, además, en un inmenso territorio de 94.000 km2 que sólo acoge a 2,5 millones de habitantes (por cierto, apenas 200.000 más que hace cien años).

Para acometer esta tarea, en las Directrices Esenciales no sólo se ha renunciado a la estructura comarcal como ámbito natural de ordenación del territorio –que sí estaba en la ley de 1998-, sino que se proponen instrumentos muy desdibujados que revelan una débil voluntad de enfrentarse a esta imprescindible labor. Veamos porqué.

A cambio de las comarcas se acude a unidades territoriales llamadas Áreas Funcionales, como elemento “sujeto a razones de oportunidad”; es decir, ya se verá dónde, cuándo y cómo. En este camino hacia la ordenación del territorio, en el año 2.000 se estudió un mapa de posibles “Áreas Funcionales” que proponía unas 45 para toda Castilla y León, entre las que se incluían 5 en Valladolid: Medina de Rioseco, Valladolid, Peñafiel, Tordesillas y Medina del Campo. Sin embargo, las Directrices Esenciales nada concretan en esa dirección.

Otros instrumentos de ordenación del territorio que incluye, son los que denomina Red de Centros Urbanos y Corredores Territoriales, con un grado de vaguedad similar al de las Áreas Funcionales.

Acaso la gran novedad sea la invocación a la Provincia como ámbito estructurante esencial para el gobierno del territorio. Más exactamente, la considera “ámbito funcional básico”. Mas, llama la atención que, considerando las provincias, y por tanto las diputaciones, como ámbito estructurante del territorio, el proyecto de ley de Directrices Esenciales no dedica una sola línea a decir cómo se quiere hacer y qué papel concreto están llamadas de desempeñar. Paradójicamente, sin embargo sí detalla otros extremos, por ejemplo quienes deberán “gobernar” las posibles áreas funcionales: Delegación Territorial de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos integrados en cada Área Funcional. Incluso, matiza cómo concertar acciones con la iniciativa privada en materia de inversiones estructurantes.

No es de extrañar que ante la lentitud y dudas enquistadas de la administración autonómica en materia de Ordenación del Territorio, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León clamara hace unos meses contra el goteo de inversiones en municipios que no termina de constituir un proyecto de viabilidad futura para el territorio y sus habitantes.

Es perentorio establecer las cabeceras estructurantes del territorio, porque sino, ¿cómo y quién va a decidir, tal como propone el anteproyecto de Ley, dónde poner los equipamientos singulares evitando la dispersión injustificada de los mismos, y que primen los criterios de complementariedad que faciliten y fomenten centralidades territoriales?

Es más, en materia de carreteras, infraestructuras harto importantes en la ordenación del territorio, el anteproyecto de ley se limita a hablar de los corredores interterritoriales y de la red regional, sin que dedique una sola palabra ha indicar la conveniencia de coordinar los planes provinciales de carreteras que dependen de las diputaciones.

Si repasamos el peso que ha adquirido la administración autonómica en los presupuestos de las diputaciones, referido a los capítulos 4 y 7, es decir las transferencias corrientes y las de capital (que son las que sirven para prestar los servicios directos a los ciudadanos y los que recogen las inversiones), se verá que la Comunidad Autónoma ha crecido casi exponencialmente en la misma medida en que han ido descendiendo las transferencias del Estado, excepto las que corresponden a los ingresos provinentes de la participación en los Tributos Generales del Estado. Es más, las diputaciones están tirando con pólvora ajena por cuanto el grueso de sus ingresos proviene de lo que aportan los demás: Estado, Comunidad Autónoma y ayuntamientos. Sin embargo, la Junta de Castilla y León no ha buscado mecanismo alguno para hacer que los planes inversores de las diputaciones obedezcan a intereses generales de la Comunidad y a la complementariedad territorial.

En definitiva, si el Partido Popular ha decidido tirar por el hilo de las diputaciones en la ordenación del territorio, al menos cabe pedirle que establezca mecanismos para coordinarlas, de tal manera que los famosos planes provinciales de obras y servicios, las inversiones en carreteras y la construcción de dotaciones e infraestructuras de las 9 diputaciones configuren una especie de plan único o coordinado (como se quiera decir) de inversiones, dentro de algo que debería formar parte de lo que tarde o temprano tendrá que constituirse en un proyecto de viabilidad territorial.

Jesús Anta

COORDINAR LAS DIPUTACIONES

Artículo de Jesús Anta Roca

El Mundo de Valladolid Miércoles 25 de julio de 2007

El marco legislativo y las decisiones políticas sobre ordenación del territorio caminan en Castilla y León con una lentitud exasperante. En 1998 se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad (Ley 10/1998) que debía plasmarse en un proyecto de Directrices Esenciales, que hasta agosto de 2006 no se ha materializado en la correspondiente exposición pública, y que todavía está sin aprobación definitiva. Es una ley que se supone esencial y pendiente del mandato electoral anterior. Pero por el contenido, está sin embargo muy lejos de colmar las expectativas exigidas.

Se supone que la Ley de 1998 y las Directrices Esenciales tienen que buscar la forma de ordenar de alguna manera los 2.248 municipios de Castilla y León para hacerlos viables; repartidos, además, en un inmenso territorio de 94.000 km2 que sólo acoge a 2,5 millones de habitantes (por cierto, apenas 200.000 más que hace cien años).

Para acometer esta tarea, en las Directrices Esenciales no sólo se ha renunciado a la estructura comarcal como ámbito natural de ordenación del territorio –que sí estaba en la ley de 1998-, sino que se proponen instrumentos muy desdibujados que revelan una débil voluntad de enfrentarse a esta imprescindible labor. Veamos porqué.

A cambio de las comarcas se acude a unidades territoriales llamadas Áreas Funcionales, como elemento “sujeto a razones de oportunidad”; es decir, ya se verá dónde, cuándo y cómo. En este camino hacia la ordenación del territorio, en el año 2.000 se estudió un mapa de posibles “Áreas Funcionales” que proponía unas 45 para toda Castilla y León, entre las que se incluían 5 en Valladolid: Medina de Rioseco, Valladolid, Peñafiel, Tordesillas y Medina del Campo. Sin embargo, las Directrices Esenciales nada concretan en esa dirección.

Otros instrumentos de ordenación del territorio que incluye, son los que denomina Red de Centros Urbanos y Corredores Territoriales, con un grado de vaguedad similar al de las Áreas Funcionales.

Acaso la gran novedad sea la invocación a la Provincia como ámbito estructurante esencial para el gobierno del territorio. Más exactamente, la considera “ámbito funcional básico”. Mas, llama la atención que, considerando las provincias, y por tanto las diputaciones, como ámbito estructurante del territorio, el proyecto de ley de Directrices Esenciales no dedica una sola línea a decir cómo se quiere hacer y qué papel concreto están llamadas de desempeñar. Paradójicamente, sin embargo sí detalla otros extremos, por ejemplo quienes deberán “gobernar” las posibles áreas funcionales: Delegación Territorial de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos integrados en cada Área Funcional. Incluso, matiza cómo concertar acciones con la iniciativa privada en materia de inversiones estructurantes.

No es de extrañar que ante la lentitud y dudas enquistadas de la administración autonómica en materia de Ordenación del Territorio, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León clamara hace unos meses contra el goteo de inversiones en municipios que no termina de constituir un proyecto de viabilidad futura para el territorio y sus habitantes.

Es perentorio establecer las cabeceras estructurantes del territorio, porque sino, ¿cómo y quién va a decidir, tal como propone el anteproyecto de Ley, dónde poner los equipamientos singulares evitando la dispersión injustificada de los mismos, y que primen los criterios de complementariedad que faciliten y fomenten centralidades territoriales?

Es más, en materia de carreteras, infraestructuras harto importantes en la ordenación del territorio, el anteproyecto de ley se limita a hablar de los corredores interterritoriales y de la red regional, sin que dedique una sola palabra ha indicar la conveniencia de coordinar los planes provinciales de carreteras que dependen de las diputaciones.

Si repasamos el peso que ha adquirido la administración autonómica en los presupuestos de las diputaciones, referido a los capítulos 4 y 7, es decir las transferencias corrientes y las de capital (que son las que sirven para prestar los servicios directos a los ciudadanos y los que recogen las inversiones), se verá que la Comunidad Autónoma ha crecido casi exponencialmente en la misma medida en que han ido descendiendo las transferencias del Estado, excepto las que corresponden a los ingresos provinentes de la participación en los Tributos Generales del Estado. Es más, las diputaciones están tirando con pólvora ajena por cuanto el grueso de sus ingresos proviene de lo que aportan los demás: Estado, Comunidad Autónoma y ayuntamientos. Sin embargo, la Junta de Castilla y León no ha buscado mecanismo alguno para hacer que los planes inversores de las diputaciones obedezcan a intereses generales de la Comunidad y a la complementariedad territorial.

En definitiva, si el Partido Popular ha decidido tirar por el hilo de las diputaciones en la ordenación del territorio, al menos cabe pedirle que establezca mecanismos para coordinarlas, de tal manera que los famosos planes provinciales de obras y servicios, las inversiones en carreteras y la construcción de dotaciones e infraestructuras de las 9 diputaciones configuren una especie de plan único o coordinado (como se quiera decir) de inversiones, dentro de algo que debería formar parte de lo que tarde o temprano tendrá que constituirse en un proyecto de viabilidad territorial.

Jesús Anta